Limón. El campesino Érick Jorge García Hernández fue sentenciado ayer a 110 años y ocho meses de prisión por el Tribunal de Juicio de Limón, que lo encontró culpable de tres delitos de homicidio calificado.
Las muertes ocurrieron el 16 de febrero del 2014 en el pequeño poblado de San Andrés, ubicado en el Valle La Estrella.
García, alias Chompi, fue hallado responsable del asesinato de su expareja Katherine Gómez Zúniga, quien tenía cinco meses de embarazo y con quien había procreado a una niña, hoy de tres años.
Las otras víctimas fueron el padre de Gómez, José Luis Rosales Obando y su hijastro, Douglas Acevedo Chavarría.
El crimen ocurrió en la casa de Rosales, al finalizar una larga velada en la que hubo exceso en el consumo de licor.
García, de 32 años, los atacó a machetazos, según el testimonio de uno de los agentes judiciales que llevó el caso y los reportes de Medicatura Forense.
Caso grave. La presidenta del Tribunal, Xinia Marín, resaltó que varios de los oficiales que comparecieron en el debate, se refirieron a la escena como una de las más impactantes que han encontrado en sus carreras, debido a la gran cantidad de sangre que quedó impregnada en paredes, cortinas y piso de la vivienda.
Marín, quien estuvo acompañada por los jueces Verónica Dixon y Guillermo Quilarte, recalcó que al sujeto le imponían 35 años por cada uno de los homicidios calificados, cinco años más por robo y los ocho meses restantes por dos delitos de daños y amenazas, cometidos en perjuicio del testigo Olman Orlando McCarthy, presentado por la Fiscalía.
En el juicio, García dijo ser inocente. Cuando escuchó la sentencia no tuvo ninguna reacción.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico costarricense, el hombre solo descontará 50 años de cárcel, la máxima pena de prisión que se permite.
Sin dudas. Para el Tribunal, no quedó duda de que García fue el autor del triple homicidio, con base en la valoración de la prueba recibida, en especial la versión de McCarthy y otros testigos.
Marín manifestó que el móvil planteado por el Ministerio Público también quedó acreditado, en el sentido de que el agresor actuó motivado por una sed de venganza, ya que Gómez Zúñiga se negaba a volver con él.
Los jueces indicaron que todo ocurrió a raíz de un grave problema de violencia doméstica, conocido por la comunidad, pero en el cual nadie quiso intervenir.