Sucesos

Exonera de responsabilidad a cinco funcionarios

CCSS dice que compra de equipo a Finlandia no le causó pérdidas

Actualizado el 02 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

Pese a resolución, se mantiene reclamo por daños en el caso CCSS- Fischel

Presidenta de la Caja avaló informe y alega que no debe influir en lo penal

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CCSS dice que compra de equipo a Finlandia no le causó pérdidas

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Un estudio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinó que no se pagó sobreprecio en la compra del equipo médico adquirido con el préstamo Finlandia y, por tanto, no se produjo daño patrimonial a la entidad.

 Esta incubadora formaba parte del equipo del préstamo Finlandia. En el 2006, la utilizaron  en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.  Según la resolución de la CCSS, no se comprobó  que se pagara sobreprecio  por estos  equipos adquiridos.  |  ARCHIVO LN
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Esta incubadora formaba parte del equipo del préstamo Finlandia. En el 2006, la utilizaron en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia. Según la resolución de la CCSS, no se comprobó que se pagara sobreprecio por estos equipos adquiridos. | ARCHIVO LN

La conclusión consta en el por tanto de un procedimiento disciplinario que exoneró a cinco funcionarios de la Caja, de alguna responsabilidad económica, por la tramitación y ejecución del empréstito de $32 millones, que se dio entre los años 2002 al 2004.

La resolución la firmó el pasado 8 de julio la presidenta de la Caja, Ileana Balmaceda Arias, luego de un proceso administrativo que inició el 16 de setiembre del 2004.

El fallo benefició a Juan Carlos Sánchez Arguedas, gerente de Modernización y Desarrollo; Álvaro Muñoz Fonseca, director de la Unidad Coordinadora del Proyecto Finlandia; Alfredo Azofeifa Alvarado, Sara Santamaría Ríos y Emilia Durán Fernández, estos tres asesores de Modernización. En la actualidad, solo Santamaría y Durán trabajan en la Caja. Los otros se pensionaron o renunciaron.

Contradicciones. El pronunciamiento (de que no hubo daño patrimonial) difiere de la posición que la misma Caja ha mantenido en los Tribunales de Justicia y que llevó a que sus abogados José Miguel Barquero y Wílliam Rodríguez ganaran un recurso de casación en la Sala Tercera para que en un nuevo juicio se determine el perjuicio económico causado a la institución en el denominado proceso Caja-Fischel.

Ese juicio donde se verá la demanda civil está previsto para realizarse a partir de enero del 2015.

En el área penal que está firme se condenó a siete personas por el delito de peculado pues se comprobó que recibieron dádivas y causaron un perjuicio a la Caja.

Al conocer esta nueva resolución, el exdirectivo de la Caja Gerardo Bolaños Alpízar condenado a tres años de prisión anunció: “estoy pensando seriamente en pedir una revisión de la sentencia a Casación”.

En esta nueva resolución de la Caja sobresale otro hecho y es que mientras el órgano director que hizo la investigación preliminar concluyó que las contrataciones fueron irregulares y que, por tanto, los cinco funcionarios debían pagar una suma cercana al $1 millón, la Presidencia de la Caja se apartó de ese criterio y determinó que en la investigación solo se demostraron “vicios en los procedimientos”.

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Según el informe, “esos vicios no se consumaron directamente en efectos negativos al patrimonio institucional, nótese que no existe evidencia que permita concluir un daño para la Hacienda Pública, debido a que los productos entregados por las empresas contratadas (...) se dieron por bien recibido y no existe prueba que demuestre la improcedencia de los mismos”.

Independiente. Ileana Balmaceda insistió en que no se debe confundir una decisión administrativa donde se estudió la actuación interna de cinco funcionarios con un proceso judicial, donde un juez analiza una amplia cantidad de elementos.

“Hay que tener claridad que son sedes diferentes. Aquí lo que nosotros vemos es una parte, en sede penal el juez puede armar todo un esquema más complejo”, afirmó.

La presidenta de la Caja prefirió no ahondar las razones por las cuales varió el criterio del Órgano Director, pues dijo que la resolución fue apelada por las dos funcionarias y el asunto debe conocerlo todavía la Junta Directiva.

Balmaceda dijo que se va a mantener el reclamo en la vía civil. “Escapa a mi alcance poder referirme a alguna repercusión que esto pueda tener en lo penal”, concluyó.

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Carlos Arguedas C.

carguedasc@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.

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