Sucesos

Familia de fallecida reclama ¢500 millones por daños a CCSS y a imputada

Auxiliar de enfermería irá a juicio por muerte con inyección en hospital

Actualizado el 24 de julio de 2013 a las 12:00 am

Crimen ocurrió el 7 de agosto del 2012 en el Hospital San Juan de Dios

Parientes aseguran que los funcionarios de la Caja facilitaron el homicidio

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Auxiliar de enfermería irá a juicio por muerte con inyección en hospital

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El esposo de la víctima, Martín Vargas (der.), y sus hijas, Julia y Joselyn, se reunieron ayer en los tribunales con su, abogado Ricardo Marín. | D. MÉNDEZ.

Una auxiliar de enfermería pensionada, quien está acusada de causar la muerte de una paciente del Hospital San Juan de Dios, irá a juicio por el supuesto delito de homicidio calificado.

La decisión la tomó ayer el Juzgado Penal de San José durante una audiencia. Las partes tendrán cinco días para presentar objeciones, tras lo cual, se fijaría una fecha para iniciar el debate.

La imputada en este caso es una mujer de apellido Barrantes, de 63 años de edad.

Según la acusación de la Fiscalía, y la querella interpuesta por la familia de la afectada, Barrantes ingresó al centro médico vestida de enfermera, el 7 de agosto del 2012, y llegó hasta la habitación de Lillian Arias Prendas, a quien conocía.

De acuerdo con las pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la auxiliar inyectó cloruro de potasio a la paciente, quien pocos minutos después falleció.

Barrantes fue detenida el mismo día en ese hospital, luego de que otra paciente alertara a los enfermeros de lo sucedido.

Los familiares de la víctima narraron que la auxiliar de enfermería era vecina y fue a visitar a Arias, quien estaba internada por un mal renal.

Barrantes había sido pensionada por psiquiatría.

Por daños. El juez Fabián Serrano acogió la acción civil resarcitoria de ¢500 millones que presentó la familia contra la imputada y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por los daños físicos, psicológicos y emocionales causados.

En la querella, la parte ofendida señaló que los funcionarios de la Caja tuvieron omisiones que facilitaron el homicidio.

“No podemos permitir que una persona ajena al hospital ingrese como Pedro por su casa y mate a una persona”, dijo el abogado de la familia, Ricardo Marín.

El representante de la CCSS, William Rodríguez, alegó que hay “defectos formales” en la acción civil.

“Para el momento del accidente, la muchacha no era funcionaria, entonces, no está dentro de los presupuestos de la Ley General de la Administración Pública”, sostuvo.

El esposo de la fallecida, Martín Vargas, y sus hijas, Julia y Joselyn Vargas, expresaron su deseo de que se haga justicia.

“Estos meses han sido fatales”, dijo el viudo.

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