Defensa Pública pide a Sala IV que libere a imputado por indefensión

Por: David Delgado C. 17 octubre, 2012
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Un juez del Tribunal Penal de San José dictó tres meses de prisión preventiva contra un policía de Tránsito, de apellido Jiménez, a pesar de que el imputado no tuvo un defensor durante la audiencia.

La orden de encarcelamiento la firmó Marco Mairena, juez coordinador de ese despacho, el 8 de octubre, a la 1:30 p. m., durante una vista de apelación.

La Defensa Pública presentó , el viernes, un hábeas corpus ante la Sala Constitucional para que se libere al imputado, que es investigado por fraude informático.

Los magistrados le dieron trámite ayer al recurso y pidieron al Tribunal un informe del caso.

Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, sostiene que la defensa técnica letrada es una garantía de todo imputado, consagrada en la Constitución Política y en el Código Procesal Penal.

Muñoz explicó que la ausencia de la defensora asignada al caso ocurrió porque, cuando la notificaron de la audiencia, ella se encontraba en un juicio en Limón.

El hábeas corpus señala que el policía no comprendió su vínculo con el proceso ni la gravedad de que se resolviera su situación jurídica sin contar con asesoría jurídica.

“Todo este irregular proceder, al momento de ordenar la prisión preventiva, ocasiona que en este momento se encuentre detenido de manera ilegítima”, dice el recurso.

El caso. El OIJ detuvo a Jiménez, el 28 de setiembre, en la Dirección General de Educación Vial, en Paso Ancho, porque supuestamente se hizo pasar por un extranjero para realizar la prueba teórica que permite sacar la licencia de conducir.

El fiscal del caso, Jorge Meckbel, indagó a Jiménez ese mismo día y, luego, el Juzgado de Turno Extraordinario (Goicoechea) le impuso medidas cautelares y no prisión preventiva. En ese momento, el tráfico sí tuvo defensora pública.

El fiscal apeló la liberación del imputado y se basó en la reincidencia, debido a que tiene varias causas por cohecho y concusión.

El expediente fue elevado al Tribunal Penal de San José; sin embargo, por competencia territorial, debió trasladarse a la jurisdicción de Hatillo, pues el presunto delito se cometió en Paso Ancho.

Este diario consultó ayer al juez Mairena, quien, mediante la oficina de prensa del Poder Judicial, respondió que realizó la audiencia porque todas las partes habían sido convocadas y la defensora no justificó la ausencia. Además, reconoció que ninguna de las partes advirtió sobre la incompetencia que existía para resolver el caso.