Por: Carlos Láscarez S. 28 enero, 2014

Arthur Budovsky durante la diligencia judicial realizada en España. | EFE
Arthur Budovsky durante la diligencia judicial realizada en España. | EFE

El abogado de Arthur Budovsky Belanchuk, ucraniano nacionalizado costarricense y fundador de la empresa Liberty Reserve, rechazó ayer ante la justicia española la extradición a EE. UU. de su cliente.

“Me opuse a su extradición y pedí que fuera liberado”, afirmó el abogado Gonzalo Boyé, tras la vista celebrada en la Audiencia Nacional, con sede en Madrid.

Indicó que alistan una demanda ante tribunales españoles contra la justicia estadounidense por “falsedad en documentos públicos”.

“Dicen que el señor Budovsky habría blanqueado dinero de miles de personas. Cuando hemos pedido que nos den datos sobre los afectados, no han podido dar ni un solo dato”, afirmó el representante legal.

Otro defecto de forma, según Boyé, es que la orden de detención la emitió un fiscal estadounidense y no el Ministerio de Justicia, como exige el convenio de extradición entre Estados Unidos y España.

“Budovsky creó Liberty Reserve en el 2006 y la vendió en el 2007 manteniéndose como asesor técnico hasta el 2009. Es el creador del sistema informático”, dijo Boyé.

Budovsky fue detenido el 24 de mayo del 2013 en el aeropuerto de Barajas, Madrid, cuando pretendía abordar un vuelo a San José junto a otro socio, el tico de origen marroquí Azzeddine El Amine.

Ese mismo día capturaron en Brooklyn, Nueva York, a Vladimir Kats y Mark Marmilev y, en Costa Rica, a Maxin Chukharev, quien permanece preso a la espera de que se concrete una gestión de extradición de Estados Unidos.

El ucraniano obtuvo su naturalización tras casarse con una mujer de apellido Valerio, quien se dedicaba a vender empanadas, a quien le pagó ¢200.000 por la gestión.

Según la Fiscalía y el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD), Liberty Reserve movió $100 millones en entidades financieras costarricenses durante seis años, de los cuales $20 millones permanecen inmovilizados en el país. Se estima que el grupo habría movilizado hasta 6.000 millones de dólares.

La investigación sobre esta plataforma abarcó 17 países y servidores informáticos en Suiza, Suecia y Costa Rica fueron clausurados.