Por: Carlos Arguedas C. 22 julio, 2014

El empresario Alberto Rodríguez Baldi, quien fue demandado por la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, por el delito de difamación, fue absuelto ayer lunes por el Tribunal de Juicio de San José.

El fallo fue emitido por los jueces Carmen María Peraza Segura, María de los Ángeles Arana Rojas y Max Escalante Quirós, en el cierre del juicio que había iniciado el pasado 14 de julio.

La exmandataria planteó el proceso judicial el 25 de junio del 2013, al considerar difamatoria una publicación que hizo Rodríguez en la red social Facebook en la que aseguraba que Chinchilla había adquirido terrenos en Guanacaste por más de $2 millones y además tenía negocios en el campo de la generación eléctrica eólica.

Como parte de la querella, Chinchilla demandó ¢100 millones como acción civil resarcitoria.

Razonamiento. Tras anunciar el fallo absolutorio, la jueza Peraza explicó que determinaron que el texto en cuestión “puede ser un cumplido o una ofensa, dependiendo de la forma en que se interprete”.

Eso llevó al Tribunal a determinar que el escrito de Rodríguez no contenía una ofensa directa al honor de Chinchilla, además de que se “carece del elemento objetivo”, exigido por el delito de difamación.

Peraza señaló que el texto está redactado con sátira e ironía, pero sin sobrepasar la ley.

Los jueces también rechazaron la acción civil presentada por la exgobernante y definieron que cada parte involucrada tendrá que asumir las costas del proceso.

Chinchilla dijo ayer que respeta la sentencia, pero apuntó: “veo con honda preocupación que, ante este fallo, las redes sociales se conviertan en un espacio donde la irresponsabilidad y la mentira se transformen en arma de quienes solo quieren hacer daño o entorpecer el sano ejercicio democrático”.

Juan Marco Rivero, abogado de Rodríguez, consideró que en este tipo de casos los funcionarios públicos deben tener un umbral de tolerancia a la crítica y que “las manifestaciones tienen que ser toleradas como base del desarrollo de una sociedad democrática”.

“Este fallo demuestra que los costarricenses, individualmente, podemos enfrentar el abuso del poder, el tráfico de influencias y señalar y exigir rendición de cuentas”, expresó, por su parte, Rodríguez.