En votación de 4 a 3, magistrados dicen que castigo no es desproporcionado

 18 diciembre, 2015

Por tercera vez en los últimos seis años, la Sala Constitucional rechazó hacer una disminución a la pena máxima que se puede imponer en Costa Rica, la cual es de 50 años de cárcel.

El pasado miércoles, en una votación de cuatro a tres, los magistrados desecharon el reclamo en una acción de inconstitucionalidad que presentó en junio, el preso Francisco Madrigal Guerrero, quien descuenta 70 años de prisión por un doble homicidio.

Madrigal alegó que hubo vicios de procedimiento legislativo en la reforma al Código Penal del 22 de abril de 1994, que elevó la pena de 25 a 50 años.

El magistrado instructor del caso, Luis Fernando Salazar, explicó que para resolver la acción, la Sala retomó dos votos -uno del 2009 y otro del 2010- en los que ya se había determinado que el castigo de 50 años no era inconstitucional.

Salazar detalló que uno de los argumentos que sostuvo la mayoría de magistrados fue que en la legislación costarricense no existen penas superiores a 50 años por un delito.

Según el magistrado, los legisladores habían puesto el límite a la cantidad de años de encierro, sin importar la cantidad de faltas cometidas, por un principio de “humanidad”.

Resaltó que en el Congreso, cuando se fijó la pena máxima se estimó que esta no es incompatible ni desproporcionada a ese principio. Ese criterio fue acogido por los magistrados.

Además, consideraron que el sistema tiene beneficios carcelarios y se han buscado alternativas a la prisión en caso de sentencias cortas, como el arresto domiciliario con monitoreo, así como los mecanismos de justicia restaurativa, entre otros.

Por mantener el castigo máximo actual se inclinaron Salazar, Ernesto Jinesta y los suplentes José Paulino Hernández y Rónald Salazar.

Fallo dividido. En cambio, los miembros de la Sala, Nancy Hernández, Fernando Cruz y la suplente Ana Mary Vargas sí concluyeron que es inconstitucional la pena de hasta 50 años.

En un comunicado, afirmaron que ese límite es “lesivo del principio de dignidad humana” y que contradice al artículo 40 de la Constitución Política en cuanto a que nadie puede ser sometido a penas perpetuas.

Abogaron porque el máximo de prisión a imponer sea de 30 años, considerando que Costa Rica suscribió el Estatuto de Roma (artículo 71), el cual estableció ese monto como límite de condena en los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

En lo que sí coincidieron los magistrados de forma unánime es que hay una “omisión legislativa de dictar una ley penitenciaria que regule las restricciones de derechos fundamentales a las personas privadas de libertad”.

Etiquetado como: