La Sala Constitucional permite a los jueces penales que impongan penas de hasta 50 años de prisión mientras estudia la acción de inconstitucionalidad que cuestiona la reforma legislativa que elevó la pena máxima en 1994.
Los magistrados, por unanimidad, dictaron una medida cautelar para aclarar que los artículos 51 y 76 del Código Penal puedan seguirse aplicando en las causas penales, a fin de evitar que se suspendan señalamientos a juicio y el riesgo de que se anulen debates ya iniciados cuya eventual pena a imponer supere los 25 años.
La medida cautelar fue presentada por varios jueces del Tribunal de Juicio de Cartago.
"Por unanimidad y en aras de evitar graves trastornos o dislocaciones a la seguridad, la justicia y la paz social, como sería la posibilidad de que se anule o se suspenda un proceso penal en que se discuta la aplicación de las normas impugnadas, dispuso la Sala, que los efectos de la reforma indicada se mantienen de forma plena; es decir, que la normativa se puede seguir aplicando, aún para el dictado de resoluciones finales, con la advertencia que tales sentencias quedan supeditadas a lo que en definitiva resuelva la Sala acerca de su conformidad con el Derecho de la Constitución", señala un comunicado de la oficina de prensa del Poder Judicial.