Magistrados resuelven hábeas corpus en contra de hombre al que fijaron pensión muy elevada y anulan la cuota impuesta por el Juzgado

 23 enero, 2014

La Sala Constitucional anuló el monto de una pensión alimentaria de ¢150.000 que un Juzgado de Hatillo dictó contra un mensajero vecino de esa localidad.

El afectado acudió a la Sala al considerar desproporcionado el monto.

Según los magistrados el Juzgado no hizo un análisis de las necesidades específicas de los beneficiarios, así como de las posibilidades económicas y de las obligaciones del mensajero.

"Ni siquiera explica los elementos probatorios que lo hacen considerar que el amparado tienen un salario como el que señala en el pronunciamiento cuestionado, y que supuestamente le permite contar con ingresos suficientes para sufragar la cuota impuesta", dice el fallo.

Los diputados iniciaron este jueves con el debate para elegir a dos magistrados propietarios de la Sala Constitucional. Las bancadas apoyan que al menos una mujer sea elegida como nueva jueza de ese alto tribunal.
Los diputados iniciaron este jueves con el debate para elegir a dos magistrados propietarios de la Sala Constitucional. Las bancadas apoyan que al menos una mujer sea elegida como nueva jueza de ese alto tribunal.

El recurrente es padre de tres menores de edad y señala que, conforme lo indica su constancia salarial, recibe un sueldo mensual de ¢270.353, de los cuales le rebajan ¢24.791 de cargas sociales y los ¢150.000 de pensión, quedando en su poder la cantidad de ¢95.561 que son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Aunque la recurrente afirma que el salario que recibe el mensajero es de ¢418.000 mensuales, no aporta pruebas que así lo constaten.

Según el fallo se anula la cuota provisional impuesta al amparado por la resolución del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Hatillo y se condena al Estado al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria.

Los magistrados recuerdan que toda persona en una condición similar tiene derecho a que un tribunal superior examine la legalidad y razonabilidad de lo resuelto.

En un comunicado de prensa de la Sala también se indica que los juzgadores deben fundamentar y motivar adecuadamente sus resoluciones en todos los procesos, con el fin de respetar el debido proceso y el derecho de defensa.

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