La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia decidirá si mantiene o no un beneficio en las incapacidades de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El caso se remonta a julio del 2011, por una medida que aplicó la CCSS de eliminar del cálculo de aguinaldos, vacaciones y salario escolar, los ingresos que recibe un trabajador cuando está incapacitado.
Los empleados de la Caja reciben el 100% de salario cuando están con permiso por enfermedad. Un 60% corresponde al pago del seguro y el otro 40% lo otorga la entidad empleadora.
Anteriormente, ese segundo porcentaje era tomado en cuenta como parte del salario, pero a raíz de un criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), pasó a ser considerado un subsidio.
Ante esa situación, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) demandó en el 2012 a la CCSS ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La demanda argumentó que considerar ese subsidio en las incapacidades como parte del salario, era un derecho adquirido desde 1987.
En un fallo de noviembre del 2013, dicho Tribunal se trajo abajo la modificación aplicada por la Caja, pues ratificó que se trataba de un derecho ganado.
Debido a ello, las autoridades de esta última institución impugnaron la resolución ante la Sala Primera.
Avanzado. La magistrada Carmen María Escoto informó de que ya hay un proyecto de sentencia que ella elaboró, el cual circula entre los magistrados integrantes de la Sala y que podría ser votado en menos de un mes.
“Es un tema que se las trae y está pendiente de resolver. Y al estar pendiente, no podría opinar. Cualquier adelanto de criterio sería contrario a la función”, explicó Escoto, al no poder ahondar más en el asunto.
Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, resaltó que, a raíz de la decisión tomada por la entidad en el 2011, el principal impacto fue una reducción en las tasas de incapacidades.
“A mediados de ese año se lograron reducir las incapacidades hasta en un 35% en algunos centro hospitalarios”, detalló.
En aquel momento, la CCSS estimó que en el segundo semestre de ese año se ahorrarían ¢21.000 millones. No obstante, para esta publicación no se aclaró si ese fue el resultado.
Privilegio polémico. Los beneficios en periodos de incapacidad a los empleados también han sido tema de discusión dentro del Poder Judicial.
En esa institución, durante las incapacidades, los empleados reciben una licencia con goce de salario que corresponde a un 40% del sueldo real y otro 60% que otorga el seguro.
El pasado 19 de octubre, la magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, insistió ante sus compañeros de Corte Plena en discutir la posibilidad de hacer una reforma legal para eliminar el beneficio del 100% del salario y dejarlo en un subsidio del 60%.
No obstante, los magistrados se dividieron en dos grupos y pospusieron la decisión.
Esa propuesta la había planteado Hernández desde el 2011, cuando era directora del despacho de la Presidencia de Corte.
Sin embargo, en julio del 2012, la Corte Plena acordó suspender el debate hasta que la Sala IV resolviera una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República (CGR) contra el privilegio. La acción fue declarada sin lugar el 18 de diciembre del 2014.