Por: Gustavo Fallas M. 17 diciembre, 2015
Según Adaptación Social, 1.000 personas descuentan penas superiores a 25 años, es decir, cerca del 7% de la población total. Este es uno de los ámbitos del Mediana Cerrada de La Reforma. | ARCHIVO / JORGE NAVARRO.
Según Adaptación Social, 1.000 personas descuentan penas superiores a 25 años, es decir, cerca del 7% de la población total. Este es uno de los ámbitos del Mediana Cerrada de La Reforma. | ARCHIVO / JORGE NAVARRO.

La Sala Constitucional mantuvo la pena de 50 años de cárcel como la máxima que se puede imponer en Costa Rica.

Los magistrados rechazaron el miércoles, en una votación de cuatro a tres, el reclamo en una acción de inconstitucionalidad en contra de ese número de años de condena.

La acción fue presentada en junio de este año por Francisco Madrigal Guerrero, un reo de La Reforma que descuenta 70 años de prisión por un doble homicidio.

El privado de libertad alegó que hubo vicios de procedimiento legislativo en la reforma al Código Penal del 22 de abril de 1994, que elevó la pena de 25 a 50 años.

El magistrado instructor del caso, Luis Fernando Salazar, explicó que, para resolver la acción, la Sala reiteró dos votos, uno del 2009 y otro del 2010, en los que se había rechazado que la pena máxima actual fuese inconstitucional.

Los magistrados que votaron sin lugar la acción fueron: Luis Fernando Salazar, Ernesto Jinesta, José Paulino Hernández y Ronald Salazar, estos dos últimos son suplentes.

Por otra parte, tres magistrados consideraron que las penas de prisión de hasta 50 años sí son inconstitucionales. Se trata de Nancy Hernández, Fernando Cruz y Ana Mary Vargas.

La Sala solo acogió parcialmente la acción en cuanto a "la omisión legislativa de dictar una ley penitenciaria que regule las restricciones de derechos fundamentales a las personas privadas de libertad".

Fallo dividido. En cambio, los miembros de la Sala, Nancy Hernández, Fernando Cruz y la suplente Ana Mary Vargas, sí concluyeron que es inconstitucional la pena de hasta 50 años.

En un comunicado, afirmaron que ese límite es "lesivo del principio de dignidad humana" y que contradice al artículo 40 de la Constitución Política en cuanto a que nadie puede ser sometido a penas perpetuas.

Abogaron porque el máximo de prisión a imponer sea de 30 años, considerando que Costa Rica suscribió el Estatuto de Roma (artículo 71), el cual estableció ese monto como límite de condena en los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

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