Nueve de cada 10 fallos terminan en su cumplimiento por parte de recurridos

 22 noviembre, 2015

El 7 de mayo de este año, la Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dar la cantidad de pañales necesarios a una anciana de 86 años a quien solo se le entregaban 10 por mes en el Ebáis de La Unión.

Cuatro meses antes, el 27 de enero, los magistrados ordenaron a la Municipalidad de Alajuela pagar a una empleada la licencia de maternidad, a quien no se le dio ese derecho por no tener un nombramiento.

Ese tipo de reclamos por derecho a la salud y de trabajo, son las principales quejas que abarrotaron la Sala Constitucional en el 2014 y que provocó que llegara a una cifra récord de recursos en 25 años, desde que fue creado este tribunal en 1989.

Así lo indicó el 21.° Informe del Estado de la Nación, publicado el martes 17 de noviembre.

De acuerdo con el estudio, en el 2014 se presentaron 19.476 casos ante la Sala, 4.217 (28%) más que en el 2013.

El 89,4% de los casos corresponden a recursos de amparo y se resolvieron en un tiempo promedio de dos meses, detalla el documento.

Ernesto Jinesta, presidente de la Sala Constitucional, detalló que los casos relacionados con el derecho a la salud representaron un 13% del total de amparos resueltos en 2014, y un 18%, hasta octubre de este año.

En el caso de los expedientes vinculados con derechos de índole laboral, un 27% el año anterior y 13% en el actual periodo.

Para Steffan Gómez, coordinador del capítulo “Fortalecimiento de la Democracia del Estado de la Nación”, los resultados reflejan que la sociedad está judicializando cada vez más los conflictos sociales.

Cumplimiento. La publicación, además, dio a conocer que nueve de cada 10 sentencias que dictó la Sala se cumplieron.

Esa tendencia se ha venido manteniendo desde el 2009.

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A partir de ese año, el Programa Estado de la Nación y el Poder Judicial pusieron en práctica un sistema de seguimiento de sentencias, el cual consiste en tomar una muestra y contactar a recurrentes y recurridos para conocer si el fallo fue acatado.

Para el 2014, se le dio seguimiento a 3.722 sentencias, de las cuales se pudo corroborar que se cumplieron 3.298.

En años anteriores, el informe determinaba si esas sentencias se cumplían en el tiempo establecido en las condenas. En el análisis del 2012, se concluyó que solo el 14% de las sentencias se cumplieron en el plazo otorgado.

Gómez explicó que la información sobre el sistema de seguimiento de la Sala llegó un poco tarde este año y, por eso, no fue posible analizar ese dato, pero en el próximo reporte sí lo harán.

Sobre este aspecto, Jinesta manifestó que “se han detectado dificultades en el tiempo de cumplimiento de las sentencias”, aunque no ahondó al respecto.

La publicación del Estado de la Nación resaltó el alto grado de acatamiento de la CCSS y el Ministerio de Educación Pública (MEP). Ambas entidades son las más recurridas por la ciudadanía y registran valores por encima del 90% de cumplimiento.

Por otro lado, municipalidades, ministerios y la Dirección General del Servicio Civil muestran valores de cumplimiento por debajo del 80%, aunque por encima del 70%.

El presidente de la Sala IV prevé que en los próximos años la cantidad de casos seguirá en aumento. “Es una situación que significa un gran reto, pues es el mismo cuerpo de magistrados desde la creación de este tribunal”, comentó Jinesta.

Añadió que este año se han presentado 17.219 casos y han dictado 18.201 sentencias.

El circulante de casos activos pendientes de resolver es de 870.

El tiempo actual de resolución de es un mes y una semana en los recursos de amparo. Las acciones de inconstitucionalidad tardan, en promedio, 18 meses, expresó.

“Cada vez más personas consideran que la vía de la Jurisdicción Constitucional es idónea para resolver muchas de sus controversias”, agregó el magistrado.