Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 2 julio, 2014

Empezó a recibir amenazas desde que ingresó a la cárcel La Leticia, en Guápiles de Pococí, a cumplir una pena a pesar de ser inocente.

“Había un hermanillo de él (del fallecido) y desde que llegué estaba pagando para que me mataran. Todo el mundo me decía que no durmiera porque me iban a matar”, recordó el afectado.

Por esa situación, las autoridades penitenciarias decidieron trasladarlo al centro penal de San Sebastián, en San José.

Ahí, contó ayer este hombre de 46 años, sufrió grandes penurias.

“No hay cama, no hay nada. La cama vale ¢60.000 que se le paga a los (reos) que están a cargo del pabellón. Vi a compañeros que pagaban y al otro día ya los bajaban. Yo dormí en el suelo por unos 15 días hasta que un señor, del bar en el que yo trabajaba, me mandó la plata y me compré la cama”, relató el hombre, quien ahora por fin goza de su libertad.

“Todos los días hay apuñalados. La comida, ni los perros la quieren. Duré tres meses para empezar a comer esa comida”, agregó durante su relato.

Él, padre de tres hijos, aseguró que ese encierro injusto le causó otras dificultades, como la separación de su familia, al verse obligado a estar lejos.

“Siempre he visto por ellos. Cuando caí en ese lugar (prisión), estaba montando una soda con mi esposa. Todo lo que tenía, lo perdí. Ella tuvo que cerrar la soda e ir a trabajar a la bananera. Yo también soy maestro de obras, siempre la he pulseado”, dijo.

Tras su experiencia, considera que el sistema judicial del país razona de esta manera: “Hay que agarrar a alguien para que la gente vea que estamos trabajando, pero no les importa si lo que se dice es verdad o mentira”.

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