Policías prohibieron a presos enviar más quejas a Sala IV

“Nos reunieron a eso de las 9:10 a. m. (del 7 de agosto) para decirnos que desde el fax de La Reforma solo iban a enviar escritos que fueran para los Juzgados. Nos dijeron que los recursos de amparo y hábeas corpus (sic) de nosotros, los reos, no los van a enviar a la Sala IV.

”Es decir, todo lo que queramos enviar a la Sala tiene que ser por nuestros medios. ¿Cómo hacemos si nos encontramos en estado de indefensión?”.

Este es un extracto del recurso de amparo que presentó el 10 de agosto un hombre, de apellido Abarca, contra la Unidad de Pensiones Alimentarias de la cárcel La Reforma. Él está preso por no pagar la pensión.

En el documento, Abarca señaló que la directriz de no enviar más quejas a la Sala Constitucional provenía de Rónald Zúñiga, director de la Unidad.

“A nosotros nos lo notificó un compañero de celda. La dirección lo utiliza como vocero verbal para que nos dijera eso en la reunión (...). Era un recado por parte del director”, puntualizó.

Según expuso Abarca, la medida la tomaron luego de que varios privados de libertad interpusieron tres recursos en contra de la Unidad.

“Dijeron que hasta que la Sala no mande las resoluciones de esos documentos, se suspenden los escritos”, apuntó.

Los policías. Al resolver ese caso, la Sala Constitucional determinó que sí hubo un impedimento, pero nació de los policías. Otros tres presos de esa área interpusieron, el 10 de agosto, un recurso de amparo por la misma situación, pero están pendientes de conocerse.

A inicios de setiembre, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso de Abarca. Ese Tribunal descartó que el jerarca de la Unidad hubiese remitido la directriz; sin embargo, determinó que fueron los oficiales quienes se opusieron a enviar más escritos de los presos.

La entidad concluyó que las manifestaciones de los oficiales eran “una represalia por un recurso de amparo en el cual los privados de libertad les achacaban actuaciones indebidas”.

“El acceso a la justicia constitucional, a fin de solicitar la tutela de los derechos fundamentales, no puede verse coartado o amenazado bajo ninguna circunstancia”, recordó.

Por lo anterior, el Tribunal no solo reprochó “la amenaza proferida por los policías”, sino que le ordenó al director de la Unidad que investigue lo ocurrido, para sentar responsabilidades.

Investigación. Esas mismas críticas las hizo Marco Feoli, viceministro de Justicia, quien recalcó que no fue una directriz oficial.

“Uno no puede limitarle a alguien la posibilidad de impugnar alguna decisión que lo pueda perjudicar”, aseveró el funcionario, al tiempo que expresó que este es un caso aislado.

Añadió que se investigará para determinar “con más detalle” qué fue lo que pasó.

“En la Sala IV todo es más expedito. La Sala toma la decisión a partir de lo que le llega. Hay que ver si hubo una decisión de mala fe por parte de alguien”, declaró.

Feoli aseguró que, en caso de comprobarse una mala actuación, impondrán sanciones.

“Habrá que valorar los elementos de prueba que se traerán al proceso para saber si se amonesta, suspende o se le revoca el nombramiento”, puntualizó.

El viceministro insistió en que no tolerarán estos actos arbitrarios y recordó que los presos tienen maneras para denunciarlos.

“Los privados de libertad pueden acusar lo que sucede porque tienen acceso a Juzgados, funcionarios de la Defensoría de los Habitantes y a defensores públicos (...). Estos hechos suceden sin que uno los conozca y por eso apuesto a esos mecanismos de control”, dijo Feoli.