Por: Eillyn Jiménez B. 20 septiembre

La Policía Judicial allanó este miércoles 11 tiendas y varias bodegas de la cadena Pequeño Mundo, por una supuesta adulteración de marca.

Los operativos se desarrollaron en los locales ubicados en la I Griega, en San Francisco de Dos Ríos; Puntarenas, Alajuela, Heredia, Cartago, Guápiles, Moravia, Curridabat, San Pedro de Montes de Oca, San Rafael de Escazú y Guachipelín. En tanto, las bodegas inspeccionadas están en El Coyol de Alajuela.

El despliegue policial en los inmuebles comenzó esta mañana y hasta las 5 p. m. seguía en proceso, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El Pequeño Mundo de San Pedro de Montes de Oca fue uno de los allanados este miércoles.
El Pequeño Mundo de San Pedro de Montes de Oca fue uno de los allanados este miércoles.

Hasta ahora se desconoce si hubo productos decomisados.

Este medio intentó conocer la versión de la cadena de tiendas, que mantuvo cerrados sus establecimientos durante el día, pero luego de varias llamadas y dos mensajes no se obtuvo ninguna respuesta.

Trascendió que la indagación de este caso comenzó luego de que una marca de ropa deportiva interpusiera una denuncia ante las autoridades.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual confirmó que la investigación, que se sigue bajo el expediente 17-000026-0621-PE, es por el presunto delito de venta, almacenamiento y distribución de productos fraudelentos.

"En apariencia, en estas tiendas y bodegas se comercializan productos de marcas protegidas por derechos de propiedad intelectual", detalló el Ministerio Público.

Castigo

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, se castiga con multas económicas e incluso cárcel a las personas que "falsifiquen una marca o signo distintivo ya registrado".

Por ejemplo, la multa más baja oscila entre cinco a veinte salarios base, fijados en ¢426.200, cuando el valor de los productos no sobrepasa los ¢2.131.000.

En tanto, la multa más alta es de entre tres y cinco años de prisión o entre 200 y 500 salarios base cuando los productos valgan más de ¢21,3 millones.