Joven extranjero con residencia aquí alegó discriminación ante magistrados

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 30 abril, 2015
Jorge Luis Urey Solano, de 21 años, está a pocos días de terminar su Licenciatura en Derecho. Él dijo que su caso lo motivó a crear alianzas con abogados para defender los derechos humanos de las personas no solo en temas de nacionalidad, sino de género y otros. | JEFRREY ZAMORA.
Jorge Luis Urey Solano, de 21 años, está a pocos días de terminar su Licenciatura en Derecho. Él dijo que su caso lo motivó a crear alianzas con abogados para defender los derechos humanos de las personas no solo en temas de nacionalidad, sino de género y otros. | JEFRREY ZAMORA.

La Sala Constitucional anuló ayer el impedimento que tenía el Poder Judicial para contratar a extranjeros.

Los magistrados resolvieron una acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 19 del Estatuto de Servicio Judicial, que establece: “Todo funcionario judicial debe ser costarricense, ciudadano en ejercicio y del estado seglar”.

El reclamo había sido interpuesto en junio del año pasado por Jorge Luis Urey Solano, de 21 años, quien es estudiante de Derecho y de origen nicaragüense, pero con cédula de residencia costarricense.

Urey argumentó que la normativa era discriminatoria, ya que el derecho a la igualdad implica un trato equitativo en todas las relaciones, ya sean sociales, jurídicas y culturales.

El fallo de la Sala le dio la razón, por lo que el requisito de la nacionalidad para trabajar en el Poder Judicial quedó eliminado.

Francisco Arroyo, jefe de Gestión Humana de la institución, dijo que esperarán a tener el voto completo para analizar “sus efectos sobre los distintos procesos de reclutamiento y selección”.

Posibilidad de trabajo. El año pasado, Urey relató a La Nación que llegó a Costa Rica siendo un niño, cuando su padre era un perseguido político.

Realizó aquí los estudios básicos y luego empezó Derecho en una universidad privada.

Urey comentó que hizo su trabajo comunal universitario en la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, donde colaboró por más de tres meses.

Al finalizar su periodo allí, uno de los jefes le pidió que aplicara para quedarse en calidad de meritorio (practicante).

Aunque presentó las solicitudes, el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio Público las rechazó debido a su nacionalidad.

Esta situación lo motivó a acudir ante la Sala IV, al considerar que hubo discriminación.

Lucha por otros. Luego de conocer la resolución, Urey celebró y admitió que eso era lo que esperaba de los magistrados.

“La Sala ha sido respetuosa de los derechos humanos”, dijo.

“Es un precedente importante, porque no se trata de considerar que ahora los extranjeros pueden trabajar en la entidad, sino de darles el derecho que siempre han tenido”, agregó.

El joven, quien la semana anterior finalizó los cursos de licenciatura, destacó que su experiencia le ha servido para querer ayudar a otros en defensa de los derechos humanos.

Con ese fin se unió a abogados que tienen este énfasis, para trabajar juntos en temas tanto de nacionalidad, como en aspectos sobre género y salarios.

“Aquí convivimos en multiplicidad de culturas y conocimientos”, recordó.

En la actualidad, Urey realiza su práctica profesional en la Asamblea Legislativa, pues quiere conocer más sobre el funcionamiento de esa institución y el trámite de la creación de leyes.

Sin embargo, no descarta reintentar en el Poder Judicial.

“Vamos a ver cuál es el ejemplo que el aparato estatal da o si simplemente es un voto más. Yo haría lo propio para poder ingresar y ver si el Poder Judicial considera que tengo los méritos necesarios”, expresó.