Entidad explicó que causa penal no impide que ella se acoja a su derecho

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 27 noviembre, 2014
La jueza Rosa Elena Gamboa Haeberle fue detenida en mayo pasado, cuando ya registraba 13 años de trabajar para el Poder Judicial. | ARCHIVO
La jueza Rosa Elena Gamboa Haeberle fue detenida en mayo pasado, cuando ya registraba 13 años de trabajar para el Poder Judicial. | ARCHIVO

cifras

2004

Enero La jueza de Limón, Rosa Elena Gamboa, solicitó al Consejo Superior, el 30 enero, que le aprobara el derecho de jubilación, pero no fijó la fecha para el retiro.

Mayo El OIJ y la Fiscalía de Limón detuvieron a Gamboa como sospechosa de beneficiar a un narco a cambio de ¢20 millones. Se le dictó prisión preventiva.

Julio Funcionaria solicita que se haga efectiva la jubilación a partir de agosto. El 24 de octubre, se le dejó en libertad con medidas distintas a la cárcel preventiva.

Noviembre El Consejo Superior, al conocer solicitud de la hermana de la jueza, acuerda acoger la jubilación y hacerla efectiva desde el 4 de agosto pasado.

El Poder Judicial aprobó la gestión de jubilación presentada por la jueza de Limón, Rosa Elena Gamboa Haeberle, quien afronta una causa penal por ayudar a un narcotraficante a salir en libertad de la prisión.

Por esos mismos hechos, la funcionaria, de 62 años, también es objeto de una investigación disciplinaria.

El retiro de Gamboa fue avalado por el Consejo Superior el pasado 4 de noviembre, de manera retroactiva al 4 de agosto, como ella lo solicitó. Ahora recibirá ¢1,4 millones mensuales por concepto de su pensión.

La funcionaria gestionó ese derecho desde el 30 de enero de este año, por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio; sin embargo, en ese momento no fijó la fecha del retiro.

En mayo, luego de ser capturada, se le suspendió del puesto sin goce de salario.

El 4 de julio, Gamboa presentó, ante el Departamento de Gestión, una solicitud autentificada por su hermana, la abogada Marina Gamboa Haeberle, para ser jubilada a partir del 4 de agosto.

El 19 de agosto, el subdirector de esa oficina, José Luis Bermúdez, y el jefe de Jubilaciones y Pensiones, Manuel Sequeira, entregaron un informe al Consejo en el que indicaron que no había criterio técnico para impedir a la jueza acogerse al retiro.

A petición de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, también se pidió un análisis al abogado de la Secretaría General de la Corte, Irving Vargas, quien coincidió en que la decisión era válida.

El 23 de setiembre, el Consejo Superior determinó solicitar a uno de sus integrantes, Mario Mena, un informe adicional.

Mientras se esperaba el documento de Mena, el 30 de octubre la hermana de la jueza Gamboa envió una nota al Consejo, en la que reclamó una respuesta.

Ante esto, el órgano judicial conoció el análisis de Mena, que concluyó que procedía ejecutar el derecho de pensión.

Con base en todos esos elementos, hace tres semanas el Consejo aprobó finalmente la jubilación de Gamboa.

Proceso judicial. La jueza fue apresada el 16 de mayo como sospechosa de tráfico de influencias, pues, al parecer, recibió más de ¢20 millones para liberar a un sujeto de apellido Zamora, detenido en el 2011 con dos toneladas de cocaína en una lancha, en Uvita de Limón. El hombre luego se fugó.

A ella se le dictó prisión preventiva el 4 de junio, pero, el pasado 23 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea la dejó en libertad debido a que se le practicó una cirugía en un brazo.

En ese momento se le impusieron otras medidas cautelares, como mantenerla separada del cargo sin goce de salario, impedimento de salida del país, tener domicilio fijo y presentarse a firmar cada 15 días.

Además, se le prohibió comunicarse con testigos y otros funcionarios judiciales de Limón.

En el caso del procedimiento administrativo que se le sigue, la oficina de prensa del Poder Judicial informó de que se encuentra en etapa de recolección de pruebas en la Inspección Judicial.

No obstante, aunque se concluya que hubo alguna falta, no habría sanciones “por no haber ya vínculo alguno”, se indicó.

Afectación. En su escrito al Consejo, la abogada Marina Gamboa afirmó que su hermana ha visto afectada su situación financiera y la salud por este proceso.

Apuntó que Rosa Elena Gamboa perdió una casa que estaba hipotecada y que su vehículo estaba por ser embargado.

“De esencial importancia es que su salud está quebrantada y requiere medicamentos y atención y cuidados especiales, sobre todo ahora por la delicada intervención quirúrgica a que fue sometida”, señaló la abogada, según el acta del Consejo.

“Indico esta situación no porque de ella dependan o no sus derechos laborales y humanos, que son intocables, sino porque el atraso en el disfrute de esos derechos provoca aún más y día a día, la violación de otros derechos humanos y aumenta los daños y perjuicios ocasionados, que ya de por sí son incalculables”, añadió.