OIJ descubre errores en curso donde murió oficial

Francisco Segura Montero, director del OIJ, dijo que se trata de un informe preliminar, que fue hecho con toda la rigurosidad por la oficina de Asuntos Internos. Agregó que el documento fue entregado el viernes 22 de mayo a la Inspección Judicial del Poder Judicial.

El Departamento de Prensa y Comunicación Institucional de la Corte informó de que el documento llegó al Tribunal el martes pasado y se abrió una causa disciplinaria, tramitada en expediente 15-000744-031-IJ.

Por estar el asunto en la etapa de investigación no pueden suministrar detalles, como, por ejemplo, cuántos son los investigados y si fueron suspendidos o trasladados del cargo, mientras la pesquisa sigue.

Este asunto está relacionado con la muerte del oficial Jesús Andrés Vega Zúñiga, de 26 años, arrastrado por una corriente de agua el viernes 15 de mayo, al intentar cruzar un canal.

El agente se desempeñaba en la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, que pertenece a la Oficina de Planes y Operaciones (OPO).

En relación con este caso, José Martín Vega, padre del oficial contó a La Nación que su hijo ni siquiera tenía implementos para ese entrenamiento y atribuyó al jefe de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (Roelis Reyes Pichardo) de, presuntamente, obligar a Jesús Andrés a asistir al curso, pues, de lo contrario, no podría postularse, ahora en junio, para un puesto en propiedad.

Detalles. En cuanto a los resultados de la pesquisa, Francisco Segura dijo que en primera instancia se determinó que el curso se hizo sin la aprobación de la Dirección General. Fue autorizado por la jefatura de Planes y Operaciones (OPO).

Asimismo, comunicó que el entrenamiento debió haberse suspendido debido a las condiciones climáticas. “Los muchachos estaban haciendo los ejercicios casi que obligado (...); tenían que terminar los ejercicios independientemente de la condiciones climáticas”, según concluyó la pesquisa, dijo Segura.

Agregó que en el documento se señala como posibles responsables al jefe de la Oficina de Víctimas y Testigos, así como a los instructores.

“Tenían que estar pendientes de lo que ocurriera y ninguno estaba en el sitio cuando ocurrió la desgracia”, dijo el jefe policial.

Francisco Segura agregó que, aunque la investigación es un informe preliminar, incluyó declaraciones, fotografías y otros elementos de prueba. “La investigación recibió un trato preferencial. Se hizo como si fuera un asunto policial, pero es para asuntos administrativos y por esa razón se le presenta a la Inspección Judicial”, explicó.

El funcionario, quien calificó los hechos como un asunto “muy grave”, dijo que se pasó a ese órgano porque es el que se encarga de todos los asuntos disciplinarios en el Poder Judicial.

“Ellos decidirán dos cosas: qué sanciones van a imponer una vez que se haga el debido proceso y, la otra, si suspende o no suspende a las personas durante el proceso. Yo no tengo la potestad legal de suspender a nadie”, afirmó.

Paralelo a esta pesquisa administrativa, la Fiscalía Adjunta de Guápiles, Limón, desarrolla otra investigación de carácter penal, cuya pretensión es determinar si existe alguna acción que pueda ser calificada como delito. Por esa pesquisa se decomisaron documentos del entrenamiento.