Xinia Castro Morales, una vecina de San Pablo de Heredia, pasó momentos de angustia la mañana de este domingo cuando fue a buscar su vehículo: lo había dejado sobre la vía pública y se lo robaron. Sin embargo, el calvario siguió cuando fue a poner la denuncia al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia y se encontró un rótulo que decía: "Estamos en huelga peleando por nuestros derechos".
Esta vecina de Heredia comentó que los únicos que la atendieron en esa sede la Policía Judicial fueron dos guardas que le indicaron que allí no se estaban recibiendo denuncias debido a la huelga de los empleados judiciales.
Ella necesitaba interponer la denuncia en la Policía Judicial como requisito para que le activaran los mecanismo de búsqueda policiales y tecnológicos, pues su vehículo --marca Kia Río-- cuenta con un dispositivo de la empresa Detektor.
A raíz de esa situación, Castro se fue para el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en San José, e interpuso un recurso de amparo que escribió en una hoja de cuaderno con un lapicero.
El carro robado fue encontrado horas después dentro de una casa en León XIII, Tibás. (Wilberth Hernández.)
"Me presento a esta ofician a elaborar la denunciar que, por causa de la huelga, el OIJ no me tramitó. Razón por la cual me estoy viendo perjudicada, ya que no se inicia búsqueda de mi vehículo", dice el documento planteado, del cual tiene copia La Nación.
Ella contó que, pese a no contar con la denuncia, la empresa de rastreo tecnológico de vehículos inició la búsqueda junto con oficiales de la Fuerza Pública y en horas de la tarde lograron encontrar el automotor dentro de una casa situada en León XIII, Tibás.
"Nos vemos afectados injustamente por la huelga. Si hubiera esperado la denuncia del OIJ, nunca hubiéramos encontrado el carro. Esos ladrones son muy rápidos. Ya cuando llegamos estaba sobre unas tucas y le estaban bajando las llantas", manifestó Castro a La Nación.
La huelga de empleados judiciales comenzó el miércoles pasado y podría culminar el próximo miércoles, siempre y cuando los gremios logren un acuerdo con los diputados de la Comisión Especial de Pensiones.
El motivo de la protesta obedece que ese foro legislativo rechazó un proyecto de ley propuesto por los empleados judiciales para reformar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial.
Dicho régimen debe ajustarse porque los ingresos ya no son suficientes para pagar los gastos y ese déficit será aún mayor conforme pasen los años. Entre los cambios se propone aumentar la edad de pensión y poner un límite a los montos que se pagan por jubilación.
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