EscucharCasi la mitad de los reos con prisión preventiva sale de la cárcel a los tres meses de haber ingresado por orden de un juez, según estadísticas penitenciarias.
Esta población indiciada (2.947 en total) está a la orden de un juez penal, mientras que quienes ya descuentan sentencia firme (10.549 reos) están a la orden de un juez de ejecución.
Los jueces de ejecución realizan visitas carcelarias, deciden si otorgan beneficios carcelarios, liquidan la pena, etc.
Para el magistrado de la Sala Tercera, José Manuel Arroyo, quienes guardan prisión preventiva quedan, de alguna manera, al descubierto. “De ahí la oportunidad, en mi criterio, de que estas personas también tengan la posibilidad de comunicarse con los jueces a la orden de quienes se encuentran”, dijo.
Roy Chinchilla, juez de ejecución, señaló que la circular del Consejo Superior, que señala obligación de los jueces penales para visitar las cárceles, tiene sustento normativo internacional. A su criterio, “es una medida pertinente e idónea”.
“Los jueces de ejecución visitamos las cárceles y nunca ha pasado nada a pesar de que ahí nos reencontramos con personas a las que les hemos denegado o revocado beneficios. Sin duda conocer el estado y la realidad de las prisiones resulta un elemento muy importante para decidir sobre ese tipo de medidas y definir por ejemplo la pena”, expresó.
El magistrado Carlos Chinchilla sostuvo que el juez de ejecución es el que “sabe y conoce cómo se maneja un centro penitenciario”, por lo tanto debería ser el encargado de realizar visitas a los módulos para los reos con prisión preventiva y no los jueces penales. “El juez penal no puede ordenar un cierre técnicos, en cambio, el de ejecución los ordena, y cuando lo hace no distingue entre indiciados y sentenciados”, aseveró.
