La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero, envió una queja a la Corte Plena contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza Espinoza, por declaraciones que dio a la prensa el 3 de febrero anterior, día en que fue capturado el sospechoso de masacrar a cinco estudiantes universitarios en Liberia, Guanacaste.
En el operativo policial, Espinoza afirmó que el imputado, Gerardo Alonso Ríos Mairena, había salido de prisión por un beneficio carcelario.
"En julio del 2014 obtuvo un beneficio que le permitió purgar la sanción de una manera distinta a la penalización y someterse a un régimen especial (...)", dijo el jerarca de ese cuerpo policial el día de la captura, pues él estaba presente en el sitio.
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Esa situación generó críticas a la Ministra de Justicia, principalmente en redes sociales. Sin embargo, Ríos Mairena estaba en libertad por una orden de un juez que le dio la libertad condicional.
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"Las declaraciones del director del OIJ fueron ligeras y tendenciosas, porque, aunque ese no fuera su objetivo, trasladó la responsabilidad al Poder Ejecutivo por una decisión en la que la competencia fue exclusivamente de una autoridad jurisdiccional.
"Nuestro respeto por la solidez del Estado de derecho no puede ceder al deseo de generar alarma ni a ocupar los titulares de la prensa. El señor Espinoza ha sido por lo menos imprudente, ha provocado una innecesaria seguidilla de insultos y hasta amenazas de muerte por una imprecisión que pudo haberse evitado", dice la nota enviada por la ministra a los magistrados.
La carta en la que Sánchez expresa su molestia con Espinoza fue vista por los magistrados en la sesión del 20 de febrero. Después de su lectura, la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva, indicó que se pedirá un informe a Espinoza sobre lo ocurrido.
Este diario intentó conversar con Sánchez sobre la misiva que envió a la Corte; sin embargo, su encargado de prensa indicó que no se referiría al asunto.
Por su parte, Walter Espinoza, manifestó que su intención no fue afectar a ningún funcionario, sino informar de que ese sujeto detenido estuvo en prisión.
"No realizamos actividades con el ánimo de afectar a algún funcionario. Si eso fue así, con total hidalguía le pedimos disculpas a la ministra", dijo Espinoza.
El jerarca explicó que al haber usado la palabra "beneficio carcelario" fue para dar un mensaje entendible a la población, sin datos técnicos de que era una libertad condicional o un acto administrativo.
El sospechoso de matar a los estudiantes universitarios descuenta un año de prisión preventiva en la centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.