Juicio comenzó el 9 de setiembre y se extendió debido a la cantidad de testigos, y a las pruebas, especialmente escuchas de intervenciones telefónica

Por: Carlos Eduardo Vargas 14 octubre, 2013

Liberia, Guanacaste.

El Ministerio Público solicitó 164 años de prisión contra los cinco colombianos imputados por los delitos de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales, en el juicio que concluirá este martes en los Tribunales de Liberia, ya solo con la réplica de ese ministerio a las conclusiones de los defensores.

El juicio comenzó el 9 de setiembre y se extendió debido a la cantidad de testigos, y a las pruebas, especialmente escuchas de intervenciones telefónicas que fueron reproducidas en el debate.

Los cinco acusados son todos de origen colombiano, aunque ya con nacionalidad costarricense, y son de apellidos Sánchez Ibarguén, quien fue identificado como el líder de la organización; su pareja una mujer de apellido Quiñones; y otros tres de apellidos Vallejos Caicedo, Riascos y Rodríguez.

La investigación, que culminó con la detención de los cinco suramericanos, se dio entre junio del 2011 y marzo del 2012.

Para Sánchez Ibarguén el Ministerio Público solicitó 40 años de prisión (20 por cada delito); a su pareja Quiñones Rosario 32 años de prisión (16 por cada delito); para Vallejos Caicedo, 36 años de prisión (18 por cada delito) y para Riascos y Sánchez, 28 años a cada uno (14 por cada delito)

El juicio se desarrolló en los Tribunales de Liberia, en Guanacaste.
El juicio se desarrolló en los Tribunales de Liberia, en Guanacaste.

Debido a que el juicio fue declarado de tramitación compleja, los jueces tienen hasta cinco días hábiles para dar el Por Tanto, por lo que el fallo probablemente estará hasta la próxima semana. No obstante, será este martes en la mañana cuando anuncien la fecha para dar su veredicto.

Los hechos que sustentan la acusación son las coordinaciones que tenía la banda en Costa Rica, y que fueron posibles de conocer gracias a las intervenciones telefónicas, que llevaron a que se materializara en Panamá el decomiso de casi 300 kilogramos de cocaína que supuestamente venía para Costa Rica, así como de dos decomisos de $223.000 y $319.000, entre diciembre del 2011 y enero del 2012.

Andrés Retana, fiscal de la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada, indicó que la prueba es suficiente para declararlos a todos como autores de los delitos acusados, entre ellos que la coordinación por medio de llamadas telefónicas dejaba clara la participación de cada uno, y por supuesto los decomisos de droga y dinero que se hicieron en Panamá.