La empresa que gane la licitación para ejecutar el plan de brazaletes electrónicos para reos, deberá probar esos dispositivos en personas voluntarias.
Marco Feoli, viceministro de Justicia, confirmó la disposición y anunció que en los primeros días de octubre seleccionarán la firma, la cual se encargará del plan piloto con 200 reclusos, el próximo año.
El Ministerio de Justicia analiza las ofertas técnicas y financieras presentadas por ocho compañías.
Según Feoli, después de que escojan la firma, se dará un tiempo (no detalló cuánto) para que las demás empresas apelen la decisión, si procede.
“Una vez acabado eso, la empresa tiene cuatro meses para poder montar la infraestructura en la Escuela de la Policía Penitenciaria (en San José) y, a partir de ahí, iniciar el proceso para probar los brazaletes (...). La idea es poder garantizarnos su funcionamiento”, destacó el viceministro Feoli.
El funcionario aclaró que el Ministerio no tendrá mayor injerencia en este proceso “porque todo le corresponde a la empresa, hasta conseguir los voluntarios”. A pesar de ello, garantizó que los 200 brazaletes se van a probar.
Feoli estima que la compañía adjudicada realizará estas pruebas entre diciembre y enero, para poner en funcionamiento el plan piloto en febrero.
A la espera. Las firmas oferentes son IAFIS, 3M-Grupo Visión-Energía Andina-SPC Telecentinel, Celsur Engineering-STOP, Trackgroup, Fénix Global, Supercom Ltda., Corrisoft y Telerat.
El consorcio 3M, por ejemplo, comunicó que, por protocolo interno, sí realizaría las pruebas para poder cerciorarse de que generen una señal de sistema de posicionamiento global (GPS).
“Esto consiste en activar el dispositivo. Se hacen pruebas de que el software funcione; es decir, que lo detecta”, mencionó Ana Patricia Quesada, de 3M.
Empero, añadió que no es necesario colocar los 200 brazaletes en personas para determinar si funcionan o no.
“Desde que la activo, me doy cuenta de que funciona. Eso sí, una cantidad de las 200 pulseras se las pondremos a particulares para darles seguimiento. A partir de ahí, se hace un mapeo y se asegura que toda la zona puede ser cubierta”, explicó.
Quesada detalló que 3M tiene diferentes tipos de brazaletes y que, por el momento, el Ministerio no les ha comunicado cuáles o cuántos de cada uno adquirirían. De eso depende la cantidad de brazaletes que pongan a prueba.
“Si dicen que de los 200 van a querer 150 para arresto domiciliar y el resto para casos de violencia doméstica, debemos probar una cantidad equis de cada tipo”, mencionó.
Quesada calculó que las pruebas pueden durar, como mucho, una semana.
En una breve entrevista, Guiselle Álvarez, representante de la empresa IAFIS, aseguró que ellos también probarían los brazaletes, pero la llamada se cortó y no respondió un correo electrónico que pidió se le enviara.
Solo revisión técnica. Para Gerard van Andel, representante de la compañía Celsur Engineering y socio local de STOP, el proceso de la licitación ha sido “engorroso y muy diferente a lo que ocurre en otros países”.
Por ello, mencionó desconocer que debía probar los brazaletes con voluntarios.
Según detalló, las evaluacionea en profundidad se realizan en su casa matriz, ubicada en Estados Unidos. Por lo tanto, aseguró que los dispositivos que ingresan a Costa Rica sí funcionan.
El representante dijo que lo único que harían sería una revisión técnica; es decir, verificarían que el estado del dispositivo, la localización y la batería estén en correcto funcionamiento.
“Lo que podemos hacer es que como todos están metidos en una caja, se les da una vuelta en el carro y se prueba de que está funcionando. Ya sabemos que el dispositivo sí sirve porque el software tiene sistema de revisión para ver posibles errores. Lo que hay que verificar es que haya transmisión de datos”, manifestó Van Andel.
La Nación intentó contactar al resto de empresas participantes, pero no respondieron los llamadas ni los correos electrónicos remitidos.