Mensajes entre juez y acusado pasan a Fiscalía anticorrupción

Luego de ser entrevistado por La Nación , sobre el contenido de esos mensajes, Alfredo Araya denunció, el 28 de junio, ante la Fiscalía General un posible “sabotaje informático, una usurpación de identidad o una construcción intencionada de correos” para intentar perjudicarlo.

Este jueves, La Nación publicó un reportaje sobre tres documentos que muestran un supuesto intercambio de correos entre las cuentas de Araya y Milanés, en setiembre y noviembre del 2011, vinculados al parecer con el caso Savings Unlimited.

Tras una consulta sobre el trámite que se le dio a esa denuncia, la Fiscalía General señaló que, luego de analizar los hechos denunciados, el caso pasó a la Fiscalía Anticorrupción por tratarse de un funcionario público.

Además, en un comunicado de prensa añadió que ahora se deberá “determinar los hechos que realmente ocurrieron, así como todas sus circunstancias, tanto lo que se refiere a verificar si efectivamente se usaron documentos que alteran el contenido de los correos, como si eventualmente existe responsabilidad del funcionario”.

Causa disciplinaria. El Poder Judicial informó, el jueves, de que el Tribunal de la Inspección Judicial investigará al juez Alfredo Araya Vega por esos presuntos mensajes, cuyo contenido fue rechazado completamente por parte del jurista.

La instrucción para abrir esa causa disciplinaria al funcionario la giró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, tres días después de que La Nación entrevistó al juez el 28 de junio en una oficina del Poder Judicial.

El objetivo de ese proceso administrativo es para que “se determine mediante el debido proceso y el principio de legalidad las responsabilidades disciplinarias que correspondan”, señaló el Poder Judicial en un comunicado de prensa.

Rodrigo Flores, presidente de la Inspección Judicial, manifestó que el asunto está en fase de la investigación preliminar.

“Aquí hay un aspecto de orden técnico. Como está la denuncia (en la Fiscalía), en ese sentido, tanto el órgano penal como nosotros dependemos de una pericia de naturaleza informática. La cuestión apenas es inicial, para tratar de determinar la hipótesis de si es sabotaje (informático) o si no lo es.

”Tendrá que respetarse el debido proceso y estamos en la fase inicial, en proceso de recopilar elementos probatorios”, dijo.

Se intentó conocer la posición de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), organización que agrupa a 937 jueces (92%). No obstante, la presidenta de Acojud, Adriana Orocú, prefirió no referirse al asunto.

“Al ser un tema que está en investigación, tanto en la Fiscalía como en la Inspección Judicial, declinamos dar una declaración”, exteriorizó Orocú.

Alfredo Araya Vega ingresó como fiscal de Delitos Económicos en el 2001. Según dijo a La Nación , él colaboró con las pesquisas en el caso Caja-Fischel. También participó en los allanamientos a la casa de Wálter Reiche, quien fue presidente de la Corporación Fischel.

En el 2009, Araya pasó a ser juez interino del Tribunal de Flagrancia en San José y obtuvo, el 1.° de julio, una plaza como titular en este mismo despacho judicial.