Un mal psiquiátrico del sospechoso de atropellar y matar a cinco colegiales del Instituto Julio Acosta en San Ramón de Alajuela, el 21 de julio del 2011, impidió el inicio del debate oral y público.
La audiencia estaba prevista para desarrollarse ayer a las 8:30 a. m., pero el imputado se incapacitó desde el 23 de diciembre del 2013 hasta este martes inclusive.
Por eso, el Tribunal de Juicio de San Ramón ordenó remitir hoy en la tarde al imputado, de apellido Chavarría, a la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial para que se valore si puede o no enfrentar el juicio.
El sospechoso es un policía penitenciario, de 27 años, acusado por cinco homicidios culposos y cuatro delitos de lesiones. Actualmente, se encuentra en libertad y, por ahora, se desconoce para cuándo se reprogramará el debate.
Henry Vega, querallante privado, consideró que esa incapacidad es una estrategia dilatoria y aseguró que los tomó por sorpresa, ya que nunca fueron notificados por el tribunal hasta ayer.
Por otra parte, la defensora pública del imputado, Andrea Pérez, también está incapacitada desde diciembre y no regresará hasta el 16 de enero. Vega señaló que, al parecer, porque debe velar por algún familiar en fase terminal.
Según el querellante, en el expediente no consta si en sustitución de Pérez se nombró un nuevo defensor para el sospechoso.
Hechos. El fatal accidente de hace año y medio acabó con la vida de Dennis Méndez, Luis Alonso Solís, Angie Miranda, Iván Elizondo y Joxiny Hidalgo.
El día de los hechos ellos se encontraban en la vía pública y fueron atropellados por el imputado. Al parecer, los estudiantes acababan de terminar un recorrido de serenatas por las casas de varios compañeros.
Justo en el momento del accidente estaban esperando en la calle para un desayuno que les servirían a las 5 a. m. en un rancho ubicado cerca del lugar del accidente en el barrio San Rafael de San Ramón.
En la querella privada, donde están incluidos tres fallecidos (Solís, Méndez y Elizondo), se solicitó por daño material ¢56 millones por cada uno y ¢80 millones por daño moral entre los tres.