Rocío Rojas alega que convenio excede las competencias del Poder Judicial

 2 diciembre, 2015
Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primera, dijo que si encuentra apoyo entre los 22 magistrados podría solicitarse a la presidente de la Corte, Zarela Villanueva, que no se siga adelante con el convenio que se pretende firmar con el Ministerio de Justicia. | FABIAN HERNÁNDEZ
Rocío Rojas, magistrada de la Sala Primera, dijo que si encuentra apoyo entre los 22 magistrados podría solicitarse a la presidente de la Corte, Zarela Villanueva, que no se siga adelante con el convenio que se pretende firmar con el Ministerio de Justicia. | FABIAN HERNÁNDEZ

La magistrada de la Sala Primera, Rocío Rojas Morales, se opone a que la Corte Suprema de Justicia busque soluciones al hacinamiento que hay en las cárceles del país.

En sesión de Corte Plena del pasado lunes, Rojas les expresó a los magistrados que está en contra de un convenio que iba a firmar este martes el Poder Judicial con el Ministerio de Justicia, a fin de promover acciones conjuntas para contrarrestar la problemática carcelaria.

De acuerdo con la jurista, la función del Poder Judicial es juzgar y ejecutar, y con ese convenio estaría asumiendo competencias que no le corresponden constitucionalmente.

La firma del acuerdo estaba programada para las 11:00 a. m. de ayer martes; sin embargo, a las 10:30 a. m. fue suspendido el acto por la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva.

La oficina de prensa del Poder Judicial informó de que la firma se aplazó por “razones de agenda” de Villanueva.

Es la segunda vez que se cancela, ya que, en principio, el convenio iba ser rubricado el 28 de octubre anterior.

“No me parece que el Poder Judicial desatienda sus compromisos de hacer una justicia pronta y cumplida para andar en cometidos que debilitan la función constitucional.

”Me parece que el convenio no es conveniente ni oportuno y el Poder Judicial excede sus compromisos constitucionales, al firmar este acuerdo con el Ministerio de Justicia”, manifestó ayer la magistrada luego de ser consultada por La Nación .

Según la funcionaria, otros colegas le han manifestado que lleva razón, por lo que el tema podría llegar a discusión a la sesión del próximo lunes.

“La Corte está conformada por 22 magistrados y si hay algunos que estiman que esas tesis llevan razón, podría solicitarse que no se siga adelante con el convenio”, agregó.

Uno de los magistrados que comparte el criterio de Rojas es Carlos Chinchilla, presidente de la Sala Tercera, quien considera que, con esto, el Poder Judicial le viene a resolver problemas al Ministerio de Justicia.

Chinchilla no estuvo en la sesión del lunes, pero estima que debe darse el debate.

Por su parte, Román Solís, magistrado de la Sala Primera, dijo que apoya el convenio y no ve ningún problema de legalidad.

Problema del Estado. Sobre la controversia en la Corte, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, manifestó que la tomó por sorpresa y argumentó que el hacinamiento en las cárceles no es un problema que le corresponda solo al Poder Ejecutivo.

“No puede partirse de un principio de separación absoluta de poderes, en sentido estricto, cuando estamos enfrentando un problema de Estado, que requiere de la articulación de esfuerzos entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo para buscar soluciones”, enfatizó Sánchez.

Agregó que Costa Rica está enfrentando un proceso de demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asunto del hacinamiento y no es un proceso contra el Gobierno, sino contra el Estado.

“Si eventualmente nos condenan, esa sentencia recaerá sobre el Estado costarricense. Por estas razones, no podría plantearse que la solución del hacinamiento recae exclusivamente en el Ministerio de Justicia”, comentó la funcionaria.

Firma pendiente. Desde el pasado 10 de agosto, el Consejo Superior del Poder Judicial aprobó el acuerdo; no obstante, solo falta que sea firmado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que entre en vigencia.

El texto establece que se elaborarán “instrumentos que permitan reducir el nivel de hacinamiento”.

La ministra de Justicia añadió que será respetuosa de la decisión final que vaya a tomar el Poder Judicial.