Recurrentes aseguran que fallo es un ‘gran paso’ para evitar injusticias

Por: Katherine Chaves R. 15 febrero, 2016
Los dos padres alegaban en los hábeas corpus presentados en enero que los jueces fijaban el salario escolar de “forma antojadiza”. | ALBERT MARÍN
Los dos padres alegaban en los hábeas corpus presentados en enero que los jueces fijaban el salario escolar de “forma antojadiza”. | ALBERT MARÍN

“Lo que estoy sintiendo es que al fin se está haciendo algo de justicia”, dijo, contundente, Jorge Alvarado.

Este hombre reconoció que “pudo respirar un poco más tranquilo” cuando supo que el Juzgado de Pensiones Alimentarias de San José le rebajó casi ¢1 millón en el monto que debe pagar por gastos de entrada a clases de sus tres hijas.

Antes debía pagar ¢1.150.000 para la compra de útiles y uniformes; ahora dará ¢360.000 para ese rubro. Pese a la rebaja, dijo no estar satisfecho con el monto, ya que se sigue saliendo de sus posibilidades económicas.

Alvarado es uno de los dos papás a los que les rebajaron el monto por concepto de salario escolar, luego de que la Sala Constitucional les ordenó a los juzgados fundamentar la cifra que les había fijado años atrás.

El otro es Jonathan Ruiz Campos, a quien le rebajaron de ¢600.000 a ¢400.000 el monto por concepto de gastos por entrada a clases de su hijo de 6 años.

Afectación. Esta situación se remonta a enero pasado, cuando más de 30 hombres interpusieron un habeas corpus por considerar que los jueces fijan “de forma antojadiza” el monto del salario escolar.

Los afectados son representados y apoyados por la Fundación Instituto Apoyo al Hombre (Fundiapho).

De los recursos que ya ha resuelto la Sala Constitucional, en siete de ellos les ordenó a cinco Juzgados de Pensiones Alimentarias (el Primer y Segundo Circuitos de San José, Escazú, Alajuela y Turrialba) estudiar el salario escolar que fijaron, años atrás, a los padres.

En esas resoluciones, los magistrados aseguraron que existe una “falta de fundamentación del rubro de gasto de entrada a clases”.

Por ello, les ordenaron a los juzgados “adoptar las medidas que sean necesarias para que, dentro de un plazo de 72 horas, se establezca nuevamente el rubro por gasto previsible de entrada a clases, mediante resolución debidamente motivada”.

Ese plazo ya venció, pero, al cierre de esta nota, solo trascendieron los informes que presentaron los juzgados en los casos de Alvarado y de Ruiz.

Pese a ello, por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial, los juzgados recurridos aseguraron que “las sentencias de la Sala se acatan y se cumplen en los plazos establecidos”.

Desacuerdo. La resolución de la Sala IV en esos siete recursos dividió la opinión de juzgadores.

Randall Gómez, juez de Pensiones de Turrialba, expresó que, en otras ocasiones, la “Sala ha dicho que la cuota es una sola: por aguinaldo se establece la misma cantidad y, por ello, he fijado el salario escolar bajo el mismo presupuesto”.

Según Gómez, la pensión alimentaria se fija luego de realizar un análisis de necesidades y posibilidades tanto del solicitante como del obligado. “Ese mismo panorama se hace para establecer el salario escolar”.

Ana Lorena Monge, jueza de Pensiones de Alajuela, detalló que cada proceso debe evaluarse de forma específica. Ella dijo que ha fijado la misma cuota tanto para pensión como para gasto por entrada a clases cuando considera “que se trata de una suma razonable y proporcional”.

Mientras, Hannia Mora, jueza de Pensiones del Primer Circuito de San José, mencionó que está de acuerdo con lo resuelto por los magistrados y que, incluso, han estado trabajando en fundamentar los montos que han fijado por concepto de gastos por inicio de lecciones.

‘Es un gran paso’. Mientras los jueces expresan sus puntos de vista, Luis Carlos van Eylen Ríos, de 28 años, uno de los recurrentes, celebró la decisión de la Sala como “un gran paso”.

Para Van Eylen, lo que afrontan los padres es muy duro. “Piensan que no pagamos porque no queremos; no pagamos porque no podemos. Nadie lo entiende y nos meten a la cárcel”.

Por su parte, Eugenia Quesada, presidenta de la Fundiapho, aseguró que la resolución es importante porque “es un tema de justicia y no de irresponsabilidad de los hombres”.

Agregó: “De forma mayoritaria, los jueces fijan la pensión alimentaria y el salario en un mismo monto, sin percatarse de que la suma de ambos rubros consume el 100% de los obligados. Hay hombres que en enero se quedan sin la posibilidad de subsistir”.

La abogada aseguró que este fallo también es importante porque le “pone el freno a la desaprensión del Consejo Superior (del Poder Judicial)” en relación con este asunto.

Según Quesada, ella envió una carta hace más de un año al Consejo Superior para alertarlos de que los jueces “interpretan como quieren” una circular que se había emitido en el 2008. Hasta este domingo no había recibido respuesta, aseguró.

Ese documento interno les recomendó a los Juzgados de Pensiones determinar, en una sentencia, un monto “por concepto de gastos previsibles por inicio del curso lectivo”.

Ericka Ramírez Cubillo, jueza del Juzgado de Pensiones Alimentarias de Alajuela, explicó, semanas atrás, que, con base en esa circular, se empezó a “fijar el mismo monto de pensión mensual para los gastos de entrada a clases de los beneficiarios”, pese a que ese proceso no se especificó en ese oficio.

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