Jueza saca a abogado de caso por ‘desconocer’ materia penal

Sanabria tomó la decisión luego de que el jurista Eduardo Con Sanchún, de 75 años, leyera una querella contra tres abogados por intentar despojar a su representada –quien es su hermana, de 84 años– de una propiedad.

El Ministerio Público también acusó a esos imputados, de apellidos Flores, García y Masís (ausente), por 11 delitos de tentativa de estafa mayor, falsificación de documento públicos y privados y uso de documentos falsos.

En la audiencia para decidir si el caso se eleva a juicio, el fiscal leyó la acusación. Luego, fue el turno de Con, quien quiso corregir, con un nuevo escrito, algunos términos de la querella que había presentado desde el 2009.

Por ejemplo, en vez de leer en primera persona, quiso leer en tercera persona, además pretendió introducir varias frases con el término “falso”.

Como las partes no tenían el nuevo documento, la jueza hizo un receso para que el abogado sacara copias y así todos revisaran si había cambios de fondo.

Al reiniciar la audiencia, Con señaló que mantendría la querella original sin cambios, pero durante la lectura, realizó observaciones y comentarios, a lo que la jueza le pidió que solo leyera textualmente la querella inicial.

Al terminar de leer, Sanabria se retiró por varios minutos de la sala. Al regresar manifestó: “Como juez de garantía, debo de velar por la equidad que exista entre las partes y en esta audiencia ha sido evidente, y se lo digo con todo respeto, don Eduardo, la exposición que usted hace de la querella deja ver su desconocimiento en materia penal”.

Sanabria aseguró que por ese desconocimiento, la víctima de la supuesta estafa quedaba en total indefensión y le dio cinco días de tiempo para que nombrara un nuevo representante, anulando toda la audiencia para que comenzara desde cero en una futura vista.

Molesto. La Nación conversó con el abogado Eduardo Con, quien aseguró que la jueza Sanabria “es quien desconoce del proceso penal”, pues nunca mencionó la norma en la que se basó para separarlo ni fundamentó por qué motivos carecía del conocimiento técnico.

Por otra parte, reprochó que ella le faltara el respeto y afectara su honor. Según él, la jueza debió limitarse a hablar de los hechos, resolver si la querella debía corregirse o, de lo contrario, rechazarla, pero no cuestionarlo de forma personal.

“Cualquier cosa que yo haya dicho no merece que una jueza me diga que yo no sé. Podemos tener limitaciones; nadie es más que nadie, pero no puede calificarme, porque en lugar de atacar los hechos me ataca a mí personalmente”, dijo.

Además, indicó que, al separarlo del proceso, se está violentando el derecho de las víctimas de escoger a sus abogados de confianza.

“No existe ninguna norma que autorice a la jueza a separar unilateralmente a un abogado en esas circunstancias, solo cuando han actuado con mala fe, asumido actitudes dilatorias o litigado con temeridad”, afirmó.

Con, de ascendencia china de tercera generación, nació en Puntarenas. Fue embajador en Corea del Sur y Tailandia (1982-1986). Según reconoce, no es penalista, pero lleva más de 30 años de ejercer en la materia civil, laboral y notarial.

A través de la oficina de prensa del Poder Judicial, la jueza Sanabria indicó que resolvió con apego a las potestades que la ley le otorga para garantizar el equilibrio procesal entre las partes.

Pero Con sostiene que esa decisión causa un daño irreparable y que la jueza abusó de su autoridad, por lo que acudirá a las instancias respectivas para defender el derecho de defensa de la víctima y su honor.

El caso. El supuesto intento de estafa empezó en el 2005 por un proceso ordinario civil en el que los abogados habrían intentado traspasar una propiedad de Carmen Con, ahora de 84 años.

Su hermano detalló que a ella le habrían falsificado la firma en una contestación de esa demanda, en la que aceptó entregar su terreno. Al parecer, también la falsificaron en una opción de compraventa y en recibos de dinero.

Tras enterarse de lo que estaba ocurriendo, los Con interpusieron la denuncia, en el 2007, y se frenó el traspaso de la propiedad.

El abogado asegura que hay dictámenes que determinan las falsedades de las firmas.

“Tenemos siete años de estar en este asunto y logramos, por la actividad procesal mía, recopilar todas las pruebas para demostrar los hechos y que la Fiscalía acusara en el 2010”, comentó.