Ministerio Público y los defensores de los seis implicados apelaron la resolución que ahora pasará a un tribunal

Por: Carlos Arguedas C. 30 marzo
Alfredo Rojas (izq), gerente financiero de Infocoop, Milton Siles (centro) presidente de Coodepas y Freddy González (último) secretario ejecutivo de Conacoop, quedaron libres este jueves a las 5 p.m. Permanecían en los Tribunales de Goicoechea.
Alfredo Rojas (izq), gerente financiero de Infocoop, Milton Siles (centro) presidente de Coodepas y Freddy González (último) secretario ejecutivo de Conacoop, quedaron libres este jueves a las 5 p.m. Permanecían en los Tribunales de Goicoechea.

El Juzgado Penal de Hacienda dejó en libertad a las seis personas detenidas como presuntas integrantes de una red que generó pérdidas por ¢9.000 millones al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), porque la Fiscalía no aportó pruebas suficientes.

La decisión la comunicó el juez José Pablo León durante una audiencia que concluyó la tarde de este jueves en los Tribunales de Goicoechea.

Los implicados son Freddy González Rojas, Rómulo León Mora, Rosyrenen Rodríguez Rodríguez, Álvaro Gómez Ferrero, Milton Siles Zúñiga y Alfredo Rojas Durán.

A ellos el Ministerio Público les atribuye los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Acusación

En una audiencia que se inició desde el miércoles, los fiscales Randy Hernández y Ana Yancy Umaña expusieron el resultado de una investigación del Ministerio Público, según la cual los imputados supuestamente integraban un grupo que manipuló nombramientos en el Infocoop y en el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) , realizó reformas irregulares de reglamentos y falsificó actas para controlar el otorgamiento de créditos.

Así, presuntamente, pudieron distraer fondos que estaban destinados originalmente a favorecer el movimiento cooperativo hacia personas, organizaciones afines a los miembros de la red y a cooperativas con problemas de morosidad.

Estas últimas recibían préstamos con condiciones muy favorables como intereses bajos, extensos plazos para pagar y amplios periodos de gracia.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción señaló que el giro de dinero a entidades con poca capacidad de pago generó pérdidas de hasta ¢9.000 millones al Infocoop.

Luego de señalar los cargos, los fiscales pidieron que se impusieran seis meses de prisión preventiva a los imputados.

Descargo.

El abogado José Miguel Villalobos, defensor de Gómez Ferreto, dijo que el juez estimó que la prueba existente en autos "no era suficiente para dejarlos en prisión y estableció medidas alternas".

Agregó que para el juez el caso estaba "meramente en una etapa indiciaria de investigación y que esta debía continuar".

Sostuvo que la defensa hizo ver que en "este asunto no hay absolutamente nada, todo se basa en chismes y rumores y en prueba documental, que el juez señaló que no llevaba a las conclusiones que el Ministerio Público planteaba y que se estaba basando en testigos, algunos de los cuales su credibilidad había sido puesta en duda".

En tanto, Luis Alonso Salazar, representante legal de la mujer de apellido Rodríguez, manifestó que la presentación de medidas cautelares que hizo la Fiscalía "estuvo ayuna de toda prueba y fundamento".

Precisó que en el caso de su defendida, se le "señaló porque ella ha trabajado para una organización que se llama Onward de Costa Rica, que dice el Ministerio Público que ha organizado capacitaciones y seminarios ficticios, pero no pudieron indicar cuales fueron y en qué consistieron".

Mientras que Alejandro Marín, abogado de González Rojas, declaró: "los cargos fueron que ejerce un tráfico de influencia en el manejo de los recursos públicos en el Infocoop y Conacoop y el juez acaba de decir claramente que no puede poner prisión preventiva contra ninguno de los imputados, porque no se aportó ninguna prueba en ese sentido".

Agregó que si bien hay una denuncia anónima que generó una investigación del Ministerio Público, "a estas alturas se carece de prueba suficiente que acredite esos cuestionamientos, ni siquiera en grado de probabilidad".

El juez José Pablo León, luego de escuchar todos los alegatos, dispuso para los imputados, durante un lapso de tres meses, la prohibición de salida del país y por eso deberán entregar el pasaporte 24 horas después de que queden en libertad.

Además, tienen impedimento para ejercer sus cargos publicos y deben firmar cada 15 días en un despacho judicial. Tampoco pueden molestar a testigos.

Tanto los representantes de la Fiscalía como los defensores apelaron la resolución, por lo que ahora el asunto será conocido en una fecha próxima por el Tribunal Penal de Hacienda.

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