Empresaria de 27 años lamenta que exfuncionario del ICE recibiera una sanción tan baja

Por: Hugo Solano 23 junio

Jennifer Sánchez Rodríguez, empresaria de 27 años que el año pasado fue agredida a pleno día en las afueras del Hospital Calderón Guardia, en San José, lamentó que la legislación actual cerró el caso con solo una multa de ¢45.000 que el agresor ya pagó.

Aunque en aquel momento ella estaba embarazada y luego sufrió un aborto, su caso no pasó a más.

En un inicio el Ministerio Público acogió el caso en el expediente 16-205-648-PE, pero luego remitió el asunto al Juzgado Contravencional debido a que esa agresión no fue tipificada como delito.

La víctima de agresión afirmó que es hora de que la Asamblea Legislativa vuelque la atención al proyecto que protege a las mujeres del acoso.
La víctima de agresión afirmó que es hora de que la Asamblea Legislativa vuelque la atención al proyecto que protege a las mujeres del acoso.

El 24 de febrero del 2016 Sánchez estaba con un hermano en el centro médico cuando, según dijo, se topó con el hombre que le empezó a decir vulgaridades.

Después de contestarle pidiéndole respeto, ella se fue a comprar un jugo y cuando regresaba se volvió a topar al hombre, de apellido Rodríguez, de 63 años, quien le volvió a hacer proposiciones irrespetuosas.

Por este motivo se armó una discusión en la que el individuo la pateó y le dio puñetazos, hasta que un tercero intervino para defenderla. Esos hechos quedaron grabados en un video que circuló en redes sociales.

Por petición de la ofendida, la Fuerza Pública aprehendió al hombre cuando este abordaba su carro y fue llevado a la Fiscalía.

El Ministerio Público informó de que el expediente en contra de Rodríguez, por el delito de palabras y actos obscenos, así como lesiones levísimas, fue remitido al Juzgado Penal del I Circuito Judicial con una solicitud de incompetencia en razón de materia.

Lo anterior quiere decir que en la investigación no se logró determinar que los hechos configuraban un delito, sino una contravención.

Este jueves 22 de junio era la audiencia en el Juzgado Contravencional, pero cuando Sánchez llegó, la jueza Grettel Flores le informó de que la audiencia quedó suspendida porque el día antes el acusado llegó, aceptó los cargos y se le impuso el monto que establece la normativa para esas contravenciones, que es de ¢3.000 diarios por 15 días, es decir ¢45.000.

La ofendida lamentó que luego de un año de trámites, de ir a Medicatura Forense, de conseguir y aportar el video de la agresión y de buscar testigos, se le diera tal respuesta.

Pidió a los diputados aprobar cuanto antes el proyecto de ley para erradicar el acoso callejero, que está en la corriente legislativa en la Comisión de la Mujer.

"Quiero ser la vocera de todas esas mujeres que no se han podido defender", expresó vía telefónica.

Pidió a los congresistas ponerse de acuerdo para no "chinear de esa forma a los delincuentes".

Para ella es inconcebible que solo porque estuvo apegado al proceso judicial, la justicia permitiera el arreglo previo a la audiencia y cerrara el caso. "Perdí la fe de que alguien haga algo, pero es importante que todo Costa Rica vea la porquería de leyes", acotó.

Añadió que antes de ser agredida por Rodríguez no lo conocía y luego supo que era funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que al ver que fue demandado el hombre aceleró los trámites para pensionarse y que esa institución no lo investigara por lo ocurrido.

Jennifer Sánchez afirmó que muchas mujeres sufren por casos similares y dijo que si ese hombre la hubiera acosado de noche y en algún callejón solitario, posiblemente su caso habría terminado peor.