El fiscal adjunto de Pérez Zeledón, Édgar Ramírez Villalobos, es investigado por, presuntamente, utilizar un auto asignado para el desempeño de sus funciones en la realización de compras y otras gestiones personales.
El caso fue confirmado por la oficina de prensa de la Fiscalía General, la cual detalló, en un comunicado, que la pesquisa arrancó luego de que se recibió “un escrito anónimo en el cual se exponen supuestas anomalías administrativas dentro de la Fiscalía de Pérez Zeledón y se cita como responsable al fiscal adjunto”.
Según esa denuncia, las supuestas acciones anómalas se dieron durante el 2012 y el 2013.
El asunto se tramita por el delito de peculado de uso, que, según el artículo 361 del Código Penal, sanciona con prisión de tres meses a dos años “al funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros (...), bienes propiedad de la Administración Pública”.
El abogado Alexánder Rodríguez Campos, quien representa a Ramírez en este proceso, dijo que el miércoles anterior se presentaron ante el Ministerio Público, donde brindaron una amplia declaración, durante la cual aportaron pruebas que serán fundamentales para dejar claro los actos cuestionados.
“Esperamos que en las próximas semanas se archive la denuncia y se dicte un sobreseimiento en favor de mi representado, porque en el expediente no hay elementos para señalar algún delito, ni siquiera una irregularidad administrativa”, afirmó.
Historia. El Ministerio Público informó de que cuando se recibió la denuncia anónima, el documento fue remitido a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), la cual, en conjunto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se encargó de realizar los seguimientos y entrevistar a lo s testigos.
Ramírez , quien desconocía la pesquisa en su contra, se enteró de esta cuando los agentes llegaron a su oficina para decomisar la bitácora sobre el uso del vehículo asignado al fiscal adjunto.
Con la finalidad de conocer mayores detalles de la pesquisa, Édgar Ramírez designó al abogado Alexánder Rodríguez para que retirara una copia del expediente.
La Fiscalía General informó de que toda la documentación le fue entregada porque así lo establecen los artículos 81 y 82 del Código Procesal Penal (CPP), en los cuales se precisa que el imputado tiene derecho a “ser informado y enterarse de los hechos que se le imputan”.
El miércoles pasado (a la 1 p. m.), Ramírez, junto con el abogado Rodríguez, rindió una declaración, la cual duró una hora. Lo hizo en las oficinas de la Fiscalía de Probidad, en San José.
Esperan informe. La Fiscalía General comunicó que este caso se encuentra todavía en proceso de investigación y se está a la espera de un informe que debe presentar la Sección de Fraudes del OIJ.
Asimismo, se indicó que Ramírez sigue laborando como fiscal adjunto de Pérez Zeledón.
Además, al funcionario se le pidió colaborar en la confección de un manual sobre los actos en los cuales debe participar un fiscal en el marco del proceso penal.
Ese documento, señala la información, será utilizado en la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público.