Por: Gustavo Fallas M. 20 julio
El viernes, en la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores de Heredia, el forense Juan Carlos Abarca realizó la autopsia de una mujer, quien falleció ahogada. Durante toda la semana anterior, el OIJ recordó los 50 años de avances en la medicina legal que ha tenido el país. | MELISSA FERNÁNDEZ SILVA.
El viernes, en la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores de Heredia, el forense Juan Carlos Abarca realizó la autopsia de una mujer, quien falleció ahogada. Durante toda la semana anterior, el OIJ recordó los 50 años de avances en la medicina legal que ha tenido el país. | MELISSA FERNÁNDEZ SILVA.

"Es una situación horrible, no nos dejan darle descanso. Esto es bastante injusto" dice Ericka Cortés, hija de Álvaro Cortés García, un médico jubilado que fue asesinado y cuyo cuerpo apareció enterrado en una finca suya en Peñas Blancas de San Ramón el pasado martes.

Ella es una de las perjudicadas por la huelga en el Poder Judicial, pues los forenses de la Morgue Judicial, ubicada en San Joaquín de Flores, Heredia, se sumaron a la protesta y se niegan a entregarle el cuerpo.

El cuerpo de Cortés, de 72 años, es uno de los 10 cadáveres que están en las cámaras de la Medicatura Forense y que no han sido entregados a sus familias.

"Yo creo que ni siquiera le han hecho la autopsia, no nos han dicho nada porque ni siquiera contestan. Hoy fuimos a reclamar el cuerpo pero nos dijeron que podían atrasarse de dos a tres días más", expresó la hija del fallecido, en conversación telefónica con La Nación.

Sobre el movimiento de huelga, ella opinó que los empleados judiciales tendrán sus razones para hacerlo, pero cree que hay situaciones que no se pueden dejar pasar.

"Se reclama por un motivo, pero hay cosas que no se pueden dejar para luego. Hay casos como el de mi papá y ocupamos darle santa sepultura y no esperar", enfatizó.

Desde este miércoles, los empleados judiciales están en huelga, en protesta porque los diputados rechazaron como texto base el proyecto presentado por los gremios para reformar el Régimen de Pensiones del Poder Judicial.

Forenses no entregarán cadáveres pese a orden del Consejo Superior

Según confirmó José Valverde, de la Sección de Patología, hay 10 cadáveres en la Morgue Judicial y no se entregarán hasta que acabe el movimiento.

Esta situación se da a pesar de que el Consejo Superior del Poder Judicial emitió una circular la tarde de este jueves, en la cual ordena que el servicio de autopsias y entrega de cuerpos no se debe suspender.

"Es entendible que como todo movimiento de huelga va a generar alguna afectación pública (...). Hay que ver lo que es urgente y no es urgente, y desde el punto de vista médico nosotros tenemos el mayor dolor de que esto esté pasando, pero esto está pasando por malas decisiones políticas a nivel de la Asamblea Legislativa", manifestó Valverde.

En la Medicatura tampoco se están haciendo autopsias, solo en aquellos casos donde se pueda poner en riesgo la obtención de evidencia.

Servicios como realización de autopsias, entrega de hojas de delincuencia y juicios quedaron suspendidos.
Servicios como realización de autopsias, entrega de hojas de delincuencia y juicios quedaron suspendidos.

"Nosotros no estamos poniendo en riesgo la evidencia. Las autopistas que ameriten hacerse se van a hacer. No se van a entregar cuerpos ni se van a hacer las autopsias, pueden estar ahí en cámaras tres, cinco o seis días, no hay problema", agregó el médico.

Además de los familiares que esperan cadáveres en la Morgue, la huelga también ha afectado a quienes participaban en juicios, los que querían pedir su hoja de delincuencia o presentar una denuncia por un robo menor.

Los empleados judiciales alegan que el movimiento podría extenderse hasta el próximo miércoles 26 de julio, cuando esperan tener una reunión con diputados que discuten el proyecto para reformar el régimen de pensiones de ese poder de la República.

Un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) concluyó que el fondo de jubilaciones es insolvente y comenzará a comerse los intereses de la reserva del sistema en el 2029 y que agotaría dichos recursos en el 2048. El régimen tiene un déficit actuarial de ¢5,36 billones.

La UCR propuso elevar la edad de retiro de 60 años a 65 años, subir la cotización de trabajadores y jubilados del 11% al 15% y que el monto de la pensión sea de entre 72,5% y 85% del salario del empleado, en vez del 100%.

El estudio también planteó un tope a las pensiones de 10 salarios base (¢4 millones en la actualidad) y una cotización solidaria del 50% sobre el monto de la jubilación que exceda ese tope.

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