El Ministerio Público señaló ayer al exministro de Ambiente y Energía (Minae) Roberto Dobles Mora como el principal impulsor del proyecto para extraer oro, denominado Crucitas, en Cutris de San Carlos.
La fiscala Natalia Rojas Méndez, durante la etapa de conclusiones del juicio que se realiza en Goicoechea, aseguró que Dobles “con el conocimiento de que la concesión estaba anulada, empezó a eliminar obstáculos legales para que la empresa Industrias Infinito continuara con el procedimiento minero”.
De acuerdo con Rojas, Dobles pudo haberse apartado de las resoluciones, porque los criterios de sus subalternos no son vinculantes. “Pero no era un proyecto más, no era un simple proyecto, era un megaproyecto”, agregó.
La representante del Ministerio Público suspendió su alocución a las 4 p. m. y la continuará el lunes, cuando se prevé que solicite prisión para los siete acusados en el proceso.
El abogado Laureano Castro Sancho, defensor de Roberto Dobles, declaró, al terminar la audiencia de este viernes, que los argumentos contra su representado son inadmisibles e improcedentes.
“Siguen siendo jurídicamente deplorables. Aquí, definitivamente, no hay una acusación correcta. Aquí debería estar precisamente el fiscal general o el superior jerárquico de los fiscales viendo la forma errónea en que se acusa y se piden o se realizan conclusiones totalmente inadmisibles”, afirmó.
Antecedentes. El juicio por el caso Crucitas comenzó el 27 de octubre, y está a cargo del Tribunal Penal de Hacienda, con sede en los Tribunales de Goicoechea. Lo integran los jueces Hugo Porter Aguilar, Mercedes Muñoz Campos y Sergio Quesada Carranza.
Para la Fiscalía, el principal implicado es el exministro Roberto Dobles (administración Óscar Arias 2006-2010) y, por eso, lo acusan del delito de prevaricato, que significa tomar resoluciones contrarias a la ley, y es penado con prisión de dos a seis años, de acuerdo con el artículo 357 del Código Penal.
Como presuntos cómplices y por el mismo delito, están implicados Cinthya Cavallini Chinchilla, exjefa del Registro Nacional Minero; Sonia Espinoza Valverde, exsecretaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena); y cuatro antiguos funcionarios de esa secretaría: Eduardo Lezama Fernández, Jorge Boza Quesada, Carmen Tatiana Cruz Ramírez y José Rafael Corrales Arias.
Este proceso penal se abrió el 24 de noviembre del 2010 cuando el Tribunal Contencioso-Administrativo envió al Ministerio Público una sentencia que anuló la concesión del proyecto Crucitas, al considerar que debía determinarse si algún funcionario público había cometido anomalías al otorgarse la autorización a la empresa Industrias Infinito para extraer oro a cielo abierto en Cutris de San Carlos.
Otros elementos. Durante la mañana de ayer, el fiscal Luis Diego Hernández Araya culpó a los miembros de la Setena de la presunta violación de las normas legales para permitir que el proyecto Crucitas fuera exonerado de presentar un estudio de impacto ambiental.
Hernández hizo un recuento de fechas en que se tomaron acuerdos sobre el tema para fundamentar la aseveración, y trató, en todos los casos, de afirmar que los imputados actuaron con dolo al tomar las resoluciones.
El fiscal fue criticado por el defensor José Miguel Villalobos Umaña, quien alegó que Hernández estaba leyendo, lo cual no es permitido por la legislación durante la etapa de conclusiones.
El juez Hugo Porter admitió la queja, pues dijo que, en ocasiones, también sentían que estaba leyendo. Hernández negó el hecho y afirmó que seguía una guía en la computadora.