Fiscalía planea comprar edificio cuestionado por su inseguridad

Esas son algunas de los problemas que detectó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en un edificio que planea comprar el Ministerio Público para albergar a unos 60 funcionarios de la Fiscalía General de la República.

El inmueble está situado en Granadilla de Curridabat, San José, donde años atrás estuvo instalado el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

De acuerdo con el informe elaborado por la Unidad de Protección a Funcionarios Judiciales del OIJ, y enviado a Jorge Chavarría Guzmán, fiscal general de la República, el edificio tiene debilidades en su infraestructura que podrían comprometer la seguridad.

“No tiene cochera vehicular cerrada, lo que vuelve vulnerable el ingreso y salida del vehículo del fiscal general”, dice el estudio, del cual La Nación tiene copia.

Otras de las desventajas que revela el informe acerca de la seguridad es que el inmueble se encuentra lejos de cuerpos policiales y cerca de dos comunidades urbano-marginales: la ciudadela Lomas y barrio Europa, ambos conocidos en el ambiente policial por la incidencia de delitos contra la propiedad y la salud pública.

En esa zona ocurrieron 46 asaltos entre el 1.° de enero del año pasado y el 31 de marzo del 2017.

Consultado sobre las observaciones del informe, Jorge Chavarría manifestó que no está de acuerdo con algunos puntos indicados por los responsables del análisis.

“No comparto el informe de índice de incidencia criminal, igual riesgo tenemos aquí; estamos igual de inseguros en cualquier punto de la capital. Lo del atentado se puede evitar disminuyendo vulnerabilidad. Las soluciones pueden ser muchas, pero si hubiera alguna que pueda salir muy cara les solicitaríamos (al OIJ) que replanteen y sugieran otra”, expresó.

Sobreprecio. El jefe de la Fiscalía explicó que el proceso para comprar el edificio empezó después de que, en noviembre del año anterior, el Congreso anunció que le giraría ¢5.000 millones para un nuevo inmueble, nuevas plazas, computadoras y vehículos. Aquel plan forma parte del proceso de lucha contra el crimen organizado.

Solo para la estructura se tiene presupuesto autorizado por ¢2.089 millones.

La Fiscalía valoró nueve ofertas, pero solo tres de las propiedades tenían un valor por debajo del presupuesto.

El edificio de Curridabat pertenece al fondo de inversión Inmobiliaria Gibraltar, un fideicomiso del cual es dueño el banco Improsa.

El propietario vende el inmueble en ¢1.482 millones; sin embargo, el Ministerio de Hacienda le hizo un avalúo y concluyó que su valor es de ¢1.239 millones, por lo que tiene un sobreprecio de ¢243 millones.

Chavarría detalló que le indicaron al oferente sobre esa situación y esperan recibir una respuesta esta semana para ver si hacen una rebaja, pues considera que este inmueble resulta “ideal”, ya que donde están ahora enfrentan problemas de espacio. En caso contrario, intentarán con otro edificio ubicado cerca de plaza Cristal, también en Curridabat.

Desde el 2011, la Fiscalía General alquila una vivienda situada en barrio González Lahman, en San José. Aquí, se pagan $10.000 por mes.

''Somos la única fiscalía ubicada en una casa alquilada. A mí me da vergüenza cuando viene una visita importante y por yo atiendo en un restaurante y lo pago de mi salario. El país debe darse su lugar en estas cosas, es autoestima'', manifestó Chavarría.

Recomendaciones del informe de OIJ

- Tapia de concreto. Construir una tapia de más de dos metros y medio de altura con alambre navaja o electrificado.

- cerrada. Construir un estacionamiento bajo techo para el ingreso del vehículo del Fiscal General de la República.

- Portón. Quitar el que se abre de forma manual por uno automático.

- Sensores de movimiento. Colocarlos alrededor del inmueble.

- Más luz. Aumentar la cantidad de alumbrado en los costados del parqueo y vía pública.

- Vigilancia. Ubicación de un oficial de seguridad privado en caseta para controlar el costado oeste y sur del lugar. También colocación de cámaras seguridad del Poder Judicial.

- Planeamiento. Coordinar con los departamento correspondientes planes de evacuación en caso de una emergencia