La Fiscalía pidió una condena de nueve años de prisión para el exministro de Vivienda Fernando Zumbado Jiménez, en el juicio que se le sigue por la contratación en el 2007 de una consultoría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La gestión fue presentada el lunes por el fiscal Jeffrey Gonzaga durante la audiencia de la tarde, por los delitos de influencia en contra de la hacienda pública (influir para que se afecte el Estado) y el de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, Gonzaga solicitó un sentencia de ocho años para la exjefa de despacho de Ministerio de Vivienda Giselle Hay López, también por los delitos citados.
En contra de ambos se pidió, al mismo tiempo, que se les inhabilite durante cinco años para el ejercicio de la función pública.
Javier Blandino, defensor de Zumbado, dijo que no compartía la posición del ente acusador del Estado, pero señaló que será hasta mañana cuando exponga su criterio ante el Tribunal de Juicio de Hacienda.
Antecedente. Este asunto se inició en el 2007, cuando se firmó un contrato de fideicomiso entre el Ministerio de Vivienda, el BCIE y el Gobierno de Taiwán, para financiar el programa “Mejoramiento barrial y gestión de programas sociales innovativos”.
Sin embargo, presuntamente, el Ministerio de Vivienda gastó el dinero en consultorías y equipo de cómputo.
La Contraloría General de la República señaló que, supuestamente, el fideicomiso fue usado para “distraer los controles normativos, presupuestarios y de fiscalización” sobre el dinero de Taiwán.
Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.
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