El Ministerio Público acusó y pidió ayer llevar a juicio un proceso penal que se abrió durante el 2014 y en el cual figura como imputada la exjueza de Limón, Rosa Elena Gamboa Haeberlek.
El departamento de prensa de la Fiscalía General informó de que a la sospechosa se le atribuyen dos delitos por infringir la ley de psicotrópicos y otro por tráfico de influencias.
La documentación judicial, que se tramita en el expediente 13-207-1219-PE, fue presentada a las 10 a. m. ante el Juzgado Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en los Tribunales de Goicoechea.
La gestión fiscal deberá ser discutida en una audiencia preliminar, la cual es privada, y en esta, el juez podrá acoger la petición y ordenar la realización de un debate oral y público, o bien rechazarla en caso de considerar que faltan algunas diligencias policiales.
Antecedentes. La investigación judicial contra Rosa Elena Gamboa se inició en los primeros meses del 2014 y, de acuerdo con las pesquisas realizadas de manera conjunta por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se trata de tres asuntos que fueron llevados en los tribunales de Limón.
El primero tiene que ver con la liberación de un sujeto de apellido Zamora, a quien habían atrapado con 1.122 kilos de marihuana jamaiquina el 30 de julio del 2011. La droga era transportaba en una lancha.
En ese caso, un juzgado penal le había impuesto prisión preventiva pero, ante una apelación del defensor, Gamboa ordenó dejarlo en libertad.
En aquel momento, la Fiscalía y el OIJ informaron de que, presuntamente, la jueza habría recibido ¢20 millones por dejar libre al implicado, que luego huyó del país y continúa en fuga.
Asimismo, a Gamboa la vincularon con presuntas presiones a un juez del Tribunal de Flagrancias para que, a mediados del 2013, ignorara una causa contra un implicado en el delito de conducción temeraria.
El tercer hecho que se le atribuye fue, supuestamente, gestionar ante otro juez que dejara en libertad a varios detenidos con 40 kilos de cocaína cerca de los canales de Cieneguita, en Limón.
En este asunto, “según las pruebas en poder de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada (Facdo), Gamboa presionó al Tribunal para que ordenara la libertad de los sospechosos;aunque, afortunadamente, no lo logró, el delito se configura”, detalló el comunicado de prensa del Ministerio Público.
Sanciones. Los hechos en que se vincula a Gamboa están sancionados en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Drogas de uso no Autorizado y en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
En el primero de los casos, según el artículo 62, se sanciona con una pena de ocho a 20 años de prisión al funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, procure por cualquier medio la impunidad o evasión de personas sujetas a la investigación, ya sean indiciadas o condenadas.
En tanto, el tráfico de influencia es penado con cárcel de dos a cinco años, según el artículo 52 de la ley anticorrupción.
Por esos hechos, Gamboa permaneció en prisión preventiva, pero en octubre del 2014 quedó en libertad.
Rosa Elena Gamboa se jubiló del Poder Judicial el pasado 4 de noviembre, según un acuerdo del Consejo Superior. Ella había gestionado ese derecho desde el 30 de enero del 2014, por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio. Sin embargo, en ese momento no fijó la fecha en que se iba a retirar.
La exjueza recibe ¢1,4 millones mensuales de pensión.