Petitoria la hizo esta mañana el fiscal Miguel Navarro ante el Tribunal Penal de Hacienda en Goicoechea

Por: David Delgado C. 28 marzo, 2014
El perito forense Wagner Mejías aseguró al Tribunal Penal de Hacienda que los chalecos antibalas comprados por el OIJ, en el 2005, sí cumplen con las normas técnicas.
El perito forense Wagner Mejías aseguró al Tribunal Penal de Hacienda que los chalecos antibalas comprados por el OIJ, en el 2005, sí cumplen con las normas técnicas.

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión para dos empresarios y para el administrador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la compra de 112 chalecos antibalas, adquiridos en el 2005.

La petitoria la hizo esta mañana el fiscal Miguel Navarro, ante el Tribunal Penal de Hacienda en Goicoechea. La hipótesis es que esas unidades, al parecer, son de una protección más baja de la que se solicitó.

Por eso fueron acusados los empresarios Ángel Guillermo Bilak Goldschmidt y Beatriz Dory Bron Steimberg, representantes de la empresa Armiel Internacional, que vendió los chalecos. También, se imputó a Mauricio Fonseca, administrador del OIJ, por recibirlos.

En el caso de Fonseca, el Ministerio Público pidió que lo inhabiliten por cuatro años para el ejercicio de cargos públicos.

En el debate, hubo posiciones encontradas de los testigos. Por un lado, el perito forense Wagner Mejías explicó que durante las pruebas de laboratorio, los chalecos resistieron los impactos de los calibres para los cuales fueron diseñados, es decir, 9 mm y .40 Magnum.

No obstante, la investigadora que llevó el caso, Gabriela Fonseca, señaló que las balas traspasaban los chalecos, según pudo observar ella misma en las pericias de campo.

El próximo lunes, los defensores de los imputados, Sergio Múnera y Federico Morales, darán sus conclusiones a partir de las 8:30 a. m.

El procurador Miguel Cortés pidió a los jueces, además, que se condene solidariamente a los imputados al pago de $32.000.

Nota del editor: Esta nota se corrigió porque erróneamente se consignó que el imputado era el secretario del OIJ, cuando lo correcto es que se trataba del administrador de esta entidad.

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