La Fiscalía investiga si una defensora pública de apellido Murillo, de 39 años, hurtó una pulsera valorada en ¢15.000 en una tienda de Nicoya, Guanacaste.
El caso trascendió este miércoles a eso de las 6 a. m., cuando agentes judiciales allanaron su vivienda y la detuvieron.
Ese operativo se ejecutó sin violencia, ya que las autoridades tocaron la puerta de la casa y una empleada doméstica les permitió el ingreso. En la diligencia, el resultado fue negativo: no había ninguna pulsera.
Denuncia. Según el informe preliminar, los investigadores judiciales recibieron una denuncia, el 21 de julio, por la supuesta sustracción de la pieza.
Al parecer, en la boutique existen dos cámaras que grabaron la presencia de la defensora, junto con una compañera, el 16 de julio, día en que estuvieron dentro del local comercial unos 30 minutos, al mediodía.
De hecho, la segunda mujer compró algunos artículos. De acuerdo con la Defensa Pública, Murillo no portaba ningún bolso y en ningún momento se le observa sustraer el objeto.
Cuatro días después de esa visita, un funcionario del área administrativa del Poder Judicial, quien es yerno de la propietaria de la tienda, interpuso la denuncia sobre el supuesto hurto.
Justificación. Este diario intentó consultar a Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, sobre este caso, pero al cierre de edición no respondió.
Además, se preguntó a la Fiscalía sobre la proporcionalidad y necesidad del allanamiento.
La entidad contestó que la diligencia fue avalada por el Juzgado Penal de la zona, el cual no solo consideró el video, sino también “el informe con la investigación realizada por la Policía Judicial, que incluyó entrevistas a las dependientas de las tiendas y a la propietaria”.
Añadió que el criterio de la Sala Tercera en el caso de los hurtos simples ha sido que la cuantía de lo sustraído no es un elemento válido para establecer la magnitud del daño.
Se pidió información a la jueza Gelen Sánchez, quien ordenó el allanamiento por solicitud de la Fiscalía, pero dijo que ella no puede referirse al fundamento que tuvo para aceptarlo en virtud de que la etapa procesal es privada.
Sánchez solo respondió por escrito: “En los casos donde se investigan delitos contra la propiedad, en ocasiones se hace necesario el allanamiento y registro de lugares privados para verificar o descartar que el bien denunciado como sustraído efectivamente se encuentre en posesión de la persona que se tenga como presunta imputada”.