Ministerio Público considera que juez no analizó elementos que demuestran que imputados faltaron al deber en la función pública

Por: Carlos Arguedas C. 31 marzo
Los defensores Alejandro Marín (primero a la derecha) y Luis Alonso Salazar (atrás) salieron satisfechos el jueves tras concluir la audiencia en la cual se rechazó la gestión de prisión preventiva. La diligencia fue en los Tribunales de Goicoechea.
Los defensores Alejandro Marín (primero a la derecha) y Luis Alonso Salazar (atrás) salieron satisfechos el jueves tras concluir la audiencia en la cual se rechazó la gestión de prisión preventiva. La diligencia fue en los Tribunales de Goicoechea.

El Ministerio Público alegó este viernes de que dispone de "pruebas sólidas" para considerar a las seis personas detenidas el martes anterior, como las principales sospechosas de integrar una supuesta red que generó pérdidas por ¢9.000 millones al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

La reacción la hizo pública el órgano, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea, a cargo de José Pablo León, rechazara una petición de la Fiscalía para imponer a los imputados seis meses de prisión preventiva.

El juez descartó la medida carcelaria, por la presunta falta de elementos que vincularan a los implicados con los hechos acusados. Sin embargo, León suspendió a los imputados del ejercicio de cargos públicos, les dictó impedimento de salida del país, no molestar a testigos en la causa y firman cada 15 días en un despacho judicial.

Los implicados en este asunto son Freddy González Rojas, Rómulo León Mora, Rosyrenen Rodríguez Rodríguez, Álvaro Gómez Ferrero, Milton Siles Zúñiga y Alfredo Rojas Durán.

A ellos el Ministerio Público les atribuye los delitos de malversación de fondos, peculado, influencia contra la Hacienda Pública, enriquecimiento ilícito y cohecho.

Fundamento

La Fiscalía, en un comunicado de prensa, informó de que se solicitó prisión preventiva para los sospechosos porque existe un alto grado de probalidad de que cometieron varios delitos de corrupción.

"Tanto es así que si no hubieran existido pruebas sólidas ningún juez de las República habría aprobado los 18 allanamientos realizados el martes anterior y tampoco los hubiera suspendido del cargo como sucedió, ni impuesto ningun tipo de medida cautelar", se argumentó.

Para el ente acusador del Estado, "no se rechazó la prisión por falta de pruebas: el juez es de garantía y consideró que era más beneficioso para los imputados enfrentar el proceso en libertad con medidas subsidiarias (diferentes a la prisión preventiva)".

Debido a que la decisión del juez León fue apelada, ahora el tema de la prisión preventiva lo deberá resolver un tribunal. "A esa audiencia se llevarán pruebas que demuestran no solo la falta a los deberes de la función pública por parte de los imputados, mismas que, a criterio del Ministerio Público, no analizó el juzgado, sino que también se comprueba, con lo investigado hasta este momento, que los sospechosos actúan en grupo", comunicó la Fiscalía.

Asimismo, justificaron la gestión de prisión preventiva porque "es la medida cautelar más conveniente para proteger la investigación, para que no haya obstaculización de la misma o para que no se ejerza, por parte de los imputados, ningún tipo de presión hacia los testigos y otros miembros de cooperativas que se puedan ver afectados".

Descargo

El abogado Luis Alonso Salazar, defensor de Rosyrenen Rodríguez, insistió en que la Fiscalía no fundamentó correctamente la solicitud de prisión preventiva.

"Se aportaron, por parte de la defensa, pruebas que fueron un análisis de las normativa o de los mismos documentos que ya constan en el expediente y se establecieron inconsistencias enormes con lo que el Ministerio Püblico viene señalando como delito y eso influyó significativamente para que el juez considerara que la solicitud de la Fiscalía no podía proceder".

Salazar puso como ejemplo que en un caso la Fiscalía acusó de que hay otorgamiento de créditos irregulares, pero en la audiencia no expuso "ni un solo caso, ni aportó un solo expediente de un crédito que se pudiera analizar y que se establecieran las irregularidades y quién las cometió".

Agregó que a otro imputado se le atribuyó haberse favorecido con un supuesto crédito otorgado por parte de una cooperativa que preside "y resulta que no hay ningún crédito. El crédito no existe es un hecho falso".

El abogado dijo que en el caso de su defendida (Rodríguez), el ente acusador la señala por supuestamente recibir dinero del Conacoop y el Infocoop para capacitaciones ficticias, "pero el Ministerio Público no logró establecer ni una sola capacitación y mucho menos se logra probar un solo pago del Conacoop y del Infocoop a Onward de Costa Rica, en la cual labora Rodríguez".

Finalmente, Alonso Salazar sostuvo: "lo que están diciendo de tener pruebas (...) ¿por qué no las mostraron durante la audiencia?, era el momento de mostrar las pruebas y no lo hicieron, ¿cómo dicen que tienen pruebas? No tienen pruebas de lo que vienen acusando".