Fallo sobrevino 11 años después de lío con inversionistas colombianos

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 19 junio, 2014
Rafael Ángel Guillén Elizondo, de 70 años, mostró el martes una nota publicada en La Nación 11 años atrás, cuando la Fiscalía allanó la oficina de su hijo. Aseguró que en este caso se usó al sistema penal para hacerle daño, sin que hubiese justificación. | EYLEEN VARGAS.
Rafael Ángel Guillén Elizondo, de 70 años, mostró el martes una nota publicada en La Nación 11 años atrás, cuando la Fiscalía allanó la oficina de su hijo. Aseguró que en este caso se usó al sistema penal para hacerle daño, sin que hubiese justificación. | EYLEEN VARGAS.

El Ministerio Público acusó al exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rafael Ángel Guillén Elizondo (1990-1994), de una estafa que nunca existió, según determinó el Tribunal Penal de San José.

El 5 de mayo pasado, los jueces absolvieron por certeza al exfuncionario y fustigaron a la Fiscalía por haber hecho la acusación.

El Tribunal –conformado por Ana Patricia Araya, Marco Mairena y Ana Emilia Fallas– manifestó lo siguiente en el fallo: “Alarma la posición complaciente del Ministerio Público en perseguir a personalidades públicas con el solo afán de hacerlo sin medir las consecuencias que el proceso penal tiene tanto a nivel personal, humano, como profesional.

”Pero, aún más, lamentamos que un juez de la República (juez intermedio) haya cohonestado esta persecución, admitiendo la acusación y aperturando a juicio”. El fallo se dictó 11 años después de la denuncia.

Guillén y su hijo (del mismo nombre) fueron inculpados por un matrimonio de colombianos, con quienes habían acordado crear una compañía de seguridad. Los foráneos aseguraron que fueron estafados por $300.000.

La acusación la formuló, en el 2006, la fiscala Yineth Portuguez . En el 2007, el juez Luis Fernando Caballero ordenó ir a juicio.

En el debate, el representante del Ministerio Público, Rolando Brenes, pidió la absolutoria.

Los jueces resolvieron que no hubo engaño, sino un negocio que fracasó.

No era delito. Según la denuncia, la pareja de colombianos (de apellidos Bernal y Trujillos) ingresó a Costa Rica y, por medio de un conocido, contactó a Guillén.

El martes, el exjefe de la Policía Judicial dijo que, efectivamente, ellos lo buscaron.

“Bernal me propuso hacer una empresa de seguridad en estas condiciones: él ponía el capital, yo ponía el nombre, la experiencia y el trabajo, y cuando hubiese ganancias, las distribuiríamos en partes iguales.

“Ellos no quisieron que su nombre apareciera en la sociedad porque venían huyendo de la guerrilla en Colombia”, explicó Guillén.

El abogado comentó que el matrimonio aportó $35.000, pero tuvieron un problema entre ellos y se separaron.

“Me dijeron que me daban un año de tiempo para que les devolviera la plata y cómo si eso ya se había gastado”.

Según Guillén, en el 2003 pusieron la denuncia.

“Fui a donde Wílliam Guido (abogado ya fallecido) y le pedí los servicios. Revisó el caso y me dijo: ‘Yo lo defiendo. Es más peligroso morir de un ataque de caspa, que un Tribunal costarricense lo condene a usted por esto’”, recordó.

El exjefe policial reprochó que la Fiscalía acusara cuando los hechos no eran delito.

“Si un profesional en Derecho, ocupando un cargo de persecución del delito, no puede determinar qué hechos constituyen delitos, no solo es triste, sino preocupante. Ellos (Fiscalía) vieron delito y tuvimos este proceso de 11 años”, agregó.

Guillén adelantó que demandará al Estado. Resaltó que su carrera política en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se vio afectada, pues renunció al cargo de vicepresidente del Comité Ejecutivo.

El Ministerio Público comunicó, mediante su oficina de prensa, que este caso fue llevado primero en la Fiscalía de Fraudes.

“La fiscala consideró que contaba con elementos de convicción suficientes que permitían –en grado de probabilidad, como lo exige la normativa–que el caso fuera elevado a juicio”, dijo la entidad.

Luego fue trasladado a un fiscal de Delitos Económicos “quien solicitó la absolutoria por considerar que los hechos acusados no tienen sustento probatorio”, agregó la Fiscalía.

Ante el resultado, la Fiscalía General solicitó ayer a la Fiscalía de Impugnaciones un informe del expediente “con el fin de que se determine la existencia o no de errores. Con esa información, se pretende tomar acciones correctivas que permitan mejorar la calidad del trabajo desempeñado por los fiscales y fiscalas”, dijo.