Fiscal ordena a subalterno terminar caso sobre helipuerto que investiga desde hace 8 años

El Fiscal General de la República, Jorge Chavarría Guzmán concedió un plazo de un mes a un fiscal auxiliar de Limón para que termine una investigación que lleva ocho años.

La orden la dictó el pasado 9 de febrero y está relacionada con la construcción sin permisos de un helipuerto en la localidad de Vesta en el Valle La Estrella, Limón.

Chavarría tomó la determinación ante el reclamo de un imputado, quien se quejó por la lentitud del trámite judicial y señaló el peligro de la prescripción de la acción penal.

Según el dictamen del Fiscal General, el plazo de un mes es razonable puesto que desde agosto del año pasado se le había informado de que "el caso estaba listo para ser resuelto, posiblemente en setiembre del 2016, es decir hace 5 meses, sin que a la fecha se cuente con el acto conclusivo pertinente".

Asimismo, hace ver que la prescripción de la acción penal a favor de uno de los imputados se dará el 8 de agosto de este año.

Chavarría pidió que cuando esté confeccionada la resolución le entreguen una copia, según la nota que envió a la Fiscala Adjunta de Limón, Karolina Martínez Solano y al fiscal que llevaba el caso Dawert Moya Solano.

Antecedente.

Este proceso judicial se abrió en la Fiscalía Adjunta de Limón en febrero del 2009, luego de que se recibieron cuatro denuncias sobre la construcción, presuntamente irregular, de un helipuerto en el Valle La Estrella. El asunto se tramitó en el expediente 09-204134-0472-PE.

La obra se inició en el 2008, con un costo de ¢218 millones y luego de la denuncia los trabajos se paralizaron. Se hicieron en un terreno de 1.800 m², cuya escritura en aquel momento se encontraba en un juicio de información posesoria en Limón.

Entre las anomalías estaba que la edificación no contaba con el permiso de la Dirección General de Aviación Civil. Tampoco contó con el permiso de construcción municipal y se utilizaron 15.000 metros cúbicos de materiales (750 vagonetas) extraídos del río Estrella, sin la autorización del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Las obras las desarrolló una empresa que se llama Santuario Indígena, constituida el 26 de abril del 2007 y en la que figuraba como presidente el empresario noruego Helge Haarversen Samuelsen. Esa empresa había firmado –en el 2007– un convenio con la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar de Tayní (en Talamanca) para hacer estudios de factibilidad sobre un proyecto hidroeléctrico. El helipuerto formaba parte de ese plan.

Una de las primeras acciones judiciales en este caso se desarrollaron en diciembre del 2009, cuando se detuvo al ingeniero de la Municipalidad de Limón Óscar Felipe León Win Ching. En aquel momento el Ministerio Público informó de que se atribuía presuntamente haber recibido $125.000 por no ejercer control en la construcción.

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Posteriormente trascendió que el asunto que se investiga es por los delitos de cohecho propio, corrupción agravada, incumplimiento de deberes e infracción al Código de Minería.

En esta causa figuran como implicados Helge Haaversen Samuelsen, el ambientalista Marco Levy Virgo, conocido como Marco Machore y también un hombre de apellido Castro. En este asunto la Fiscalía cuenta con un testigo al que se le ofreció un criterio de oportunidad, es decir declara sobre los hechos con la condición de que lo exoneren de cargos penales. Sin embargo, esto debe ser aclarado por el fiscal que lleva el caso.