Fiscalía informó al Tribunal Penal sobre situación, para que determine si se debe declarar nulidad de las audiencias

Por: Katherine Chaves R. 24 abril

Un hombre de apellidos Alvarado González llegó el pasado 18 de abril hasta el Juzgado Penal de Goicoechea dispuesto a defender a su cliente en una audiencia de apelación de medidas cautelares. Presentó su supuesto carné del Colegio de Abogados, pero cuando el debate estaba a punto de comenzar, el aparente profesional en Derecho se retiró y no volvió más.

En ese momento, Alvarado le alegó al juez que tuvo un quebranto de salud, pero la realidad era otra: pese a que dijo trabajar como litigante, Alvarado no es defensor, y un funcionario judicial lo había descubierto, confirmó el Ministerio Público.

El supuesto abogado llegó a una audiencia el 18 de abril pasado para representar a un imputado.
El supuesto abogado llegó a una audiencia el 18 de abril pasado para representar a un imputado.

Para evitar volver a la audiencia, Alvarado envió ese mismo día un correo electrónico al Juzgado Penal para indicar que no se oponía a la prórroga de prisión preventiva de su defendido. Se intentó conocer la decisión del juez sobre este proceso, pero no se obtuvo respuesta del Poder Judicial.

Por esos hechos, Alvarado, quien cuenta con un beneficio carcelario, fue detenido el jueves en su casa, ubicada en Barrio Naciones Unidas, en San José. A él se lo investiga por el delito de uso de documento falso.

Pese a que la Fiscalía pidió prisión preventiva, el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial resolvió el viernes que Alvarado deberá cumplir con medidas alternativas: firmar cada semana, tener domicilio fijo y no involucrarse en actos delictivos.

El Ministerio Público apeló lo resuelto y está a la espera de una nueva audiencia.

Otros casos. Según esta misma instancia, este no es el único caso en el que Alvarado participó como abogado. Hace unos meses (no se precisó fecha), se presentó como defensor a otra audiencia de apelación de medidas cautelares. Producto de ese debate, el imputado salió en libertad.

Se intentó conocer más detalles de ese proceso, pero la Fiscalía remitió la consulta a la oficina de prensa del Poder Judicial, la cual no respondió al cierre de edición.

De momento, las autoridades no descartan que el detenido –en su papel de supuesto abogado– haya llevado otros casos.

Mientras se realiza la investigación, la Fiscalía Adjunta de Fraudes informó al Tribunal Penal de Goicoechea sobre la situación, para que ahí se determine si se debe declarar la nulidad de las audiencias.

El engaño

Alvarado solo necesitó presentar un carné que supuestamente acredita que está incorporado al Colegio de Abogados, para poder asumir la defensa de esos dos imputados.

Ante esto, la oficina de prensa del Poder Judicial indicó que, de momento, no hay un protocolo institucional que indique cómo se debe verificar la autenticidad de los carnés.

Sergio Bonilla, jefe de ese departamento, señaló que cada juez se encarga de hacer esa verificación.

En el caso puntual del Juzgado Penal de Goicoechea, por ejemplo, solo se consulta en la lista de abogados suspendidos que periódicamente les remite el Colegio. Si no aparecen en ella, se continúa con el proceso judicial.

Sin embargo, esta revisión deja de lado la página web del Colegio, donde podrían percatarse de que la persona ni siquiera está incorporada.

Tiene beneficio carcelario

Esta no es la primera vez que Alvarado debe dar cuentas a las autoridades. En el 2011, fue condenado a nueve años de prisión por los delitos de fraude informático y falsificación de valores equiparados a moneda en perjuicio de Credomatic y otros, según se lee en la resolución 2015-0323, colgada en el portal web del Poder Judicial.

En ese documento se detalla que él fue encontrado culpable de cometer 36 delitos de fraudes electrónicos y 13 delitos de falsificación, y su sentencia se cumpliría en el 2020.

No obstante, en octubre del 2015 se le otorgó el beneficio de libertad condicional y, si cumplía con las condiciones impuestas, su condena se habría terminado en junio de este año.

Por ello, el Ministerio Público solicitó ante la Fiscalía de Ejecución de la Pena que al imputado se le revoque ese beneficio.

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