Exdiputado del PUSC Carlos Salas se entregó tras 3 años en fuga

El Organismo de Investigación Judicial y el Tribunal Penal de Juicio de Alajuela (por medio de la oficina de prensa del Poder Judicial) confirmaron que Salas quedó a la orden de la Dirección General de Adaptación Social.

La información judicial detalló que Salas, de 63 años, fue ubicado en el Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor, en el complejo penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

Antecedente. Carlos Salas es oriundo de San Ramón, Alajuela, y fue legislador socialcristiano en el cuatrienio 1998-2002.

Durante ese tiempo, según una acusación del Ministerio Público, Salas suministró auxilio económico a varias personas, pero no usó dinero propio, sino que remitió a los solicitantes a un supermercado de San Ramón para que compraran los víveres. El excongresista, según la Fiscalía, dijo al comercio que las facturas debían salir a nombre de la Municipalidad de San Ramón, para que esta las pagara.

Las compras se hicieron, pero cuando el alcalde de San Ramón encontró una gran cantidad de facturas consultó a la Contraloría General de la República, ente que dictaminó que se trataba de un cobro ilegítimo y no se debía pagar.

Según la Fiscalía, Salas, entonces, gestionó partidas específicas por un monto de ¢ 28 millones que se entregarían a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de San Ramón de Alajuela. Del monto anterior, el diputado logró que fueran transferidos ¢14 millones para becas a estudiantes, auxilios a otras entidades privadas de bien social y ayudas en comestibles y materiales de construcción para personas indigentes.

Anomalías. Sin embargo, la investigación judicial determinó que no todos los fondos fueron destinados a los fines que la ley les asignó, sino que Carlos Salas, en conjunto con Carlos Jiménez Solano y Manuel Benavides Hernández, miembros de la Asociación de Desarrollo de San Rafael, hicieron que parte del dinero se usara para el pago de la deuda asumidas por el diputado con el supermercado.

El 5 de octubre del 2006, el Tribunal Penal de Alajuela condenó a los implicados a seis años de cárcel, por el delito de peculado. Los sentenciados presentaron un recurso de casación, que fue rechazado el 4 de junio del 2010, por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Desde ese momento, la sentencia adquirió firmeza, pero Salas desapareció.

En febrero del 2011, la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena pidió impedimento de salida del país y orden de captura contra Salas.