Estado rehusó conciliar por tragedia en puente

La Procuraduría General de la República, en representación del Estado, no concilió con las víctimas de la tragedia del 22 de octubre del 2009, cuando colapsó el puente colgante sobre el río Grande de Tárcoles, en Turrubares.

Un autobús que transitaba en ese instante por la estructura y conducido por Víctor Manuel Salas, se precipitó al cauce, con un saldo de cinco fallecidos y alrededor de 30 heridos.

Durante el inicio este lunes de la audiencia preliminar, ninguna de las partes implicadas ofreció alguna medida alternativa para evitar el juicio, por lo que el Juzgado Penal de Puriscal tendrá que determinar si el caso irá a litigio.

Varios de los pasajeros que iban en el autobús el día del accidente llegaron al lugar donde se realizaba el proceso, así como Salas, quien prefirió no dar declaraciones, al igual que su abogada.

Salas figura como imputado en la causa, junto a varios exjerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre ellos, la entonces ministra Karla González, así como el exdirector del Consejo de Vialidad (Conavi), Alejando Molina.

También fueron acusados la directora de Puentes del MOPT, María Ramírez y Benjamín Sandino, exdirector de Conservación Vial. En el caso de González, ella no se presentó a la audiencia al parecer porque está fuera del país, dijo su abogado Alexánder Rodríguez.

Ellos enfrentan cargos por homicidio y lesiones culposas, creación de peligro para transporte terrestre, desastre por culpa y, por incumplimiento de deberes.

A la acusación de la Fiscalía de Atenas se unió una querella civil presentada por las familias de los cinco fallecidos, en contra de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

En la acción civil resarcitoria reclaman un pago de ¢2.500 millones en total por los daños ocasionados debido al incidente en Turrubares.

Sobreseimiento. El abogado Rodríguez comentó que ayer en la audiencia, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de González, así como para Molina y Sandino.

“La Fiscalía dijo que ellos, como funcionarios, hicieron lo que estaba dentro de su competencia en general y, por lo tanto, la caída del puente no tenía ninguna relación con una falta a las funciones”, manifestó el defensor.

No obstante, el abogado Rafael Rodríguez, quien actúa en representación de los fallecidos y los heridos, incluyó en su demanda a estos tres exfuncionarios. Ahora será el juez a cargo del proceso preliminar quien defina si los exjerarcas serán o no encausados.

La Nación intentó conocer la versión del procurador Randall Aguirre, pero no fue posible debido a que se mantuvo dentro de la audiencia, que fue privada.

Este proceso preliminar está fijado hasta el 14 de febrero, pero el juez podría diferir la sentencia.