Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 11 agosto, 2014

Los empleados del Poder Judicial insisten en que el estudio actuarial hecho por la firma Melinsky, Pellegrinelli & Asociados al Fondo de Pensiones, el cual señaló un déficit y agotamiento de las reservas en el 2026, no tomó en cuenta las variables adecuadas.

Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), dijo que otro análisis contratado por las organizaciones al actuario Raúl Hernández tomó en cuenta variables actualizadas “y no proyecciones”, y determinó que hay sostenibilidad hasta el 2059.

Orocú detalló que la expectativa de vida, estado civil o cantidad de hijos considerados en el primer informe no corresponden a la realidad de los funcionarios y que Hernández utilizó los datos arrojados por un censo del Departamento de Gestión Humana.

Añadió que se han hecho reformas administrativas, como el aumento de la cuota de un 9% a un 11%, además de una propuesta de reforma a la ley.

Mientras tanto, el superintendente de Pensiones, Édgar Robles, consideró que el informe contratado por los gremios del Poder Judicial está “hecho a la medida”.

“No pueden usar una tasa de mortalidad distinta a la oficial, que es calculada por el Centro Centroamericano de Población (...). Dan datos de hoy, pero ¿qué pasa cuando se pensionen? Para eso se usan tablas técnicas”, manifestó Robles.