Exfuncionario de Casa Presidencial deberá depositar ¢20 millones en la Fiscalía y no podrá salir del país

Por: Hugo Solano 19 junio, 2014

El Juzgado Penal de San José acogió este jueves la solicitud presentada por el Ministerio Público y dictó medidas cautelares contra un abogado de apellido Arce, sospechoso del delito de estafa y cuya vivienda fue allanada por la sección de Fraudes del OIJ el miércoles en Santa Cecilia de Heredia.

Las medidas cautelares dictadas fueron: impedimento de salida del país, obligación de firmar una vez al mes en la Fiscalía Adjunta de Fraudes, fijar su domicilio y entregar una caución real por ¢20 millones.

Cinco personas ofendidas lo denunciaron por el delito de estafa y reportaron pérdidas por más de $1 millón.

El Juzgado acogió la tarde de este jueves la solicitud de medidas que hizo la Fiscalía contra el abogado.
El Juzgado acogió la tarde de este jueves la solicitud de medidas que hizo la Fiscalía contra el abogado.

La Fiscalía solicitó las medidas cautelares en una audiencia que inició a las 3 p. m. en el Juzgado Penal de San José.

El imputado, quien laboró en Casa Presidencial en el 2002, rindió su declaración este jueves entre las 9 a. m. y las 12:30 p. m., luego de que la Fiscalía y la policía judicial allanaron su bufete, ubicado en Barrio Escalante, San José, y su casa, en Heredia.

De acuerdo con la investigación preliminar en manos de las autoridades judiciales, al parecer, Arce utilizaba como modo de operar una serie de timos para engañar a personas con base en su profesión como abogado, utilizando su propia oficina como fachada.

Presuntamente, el sospechoso hizo creer a las personas ofendidas que él es reconocido en el ámbito empresarial y político, y procedió a ofrecerles negocios de inversión sobre propiedades o sobre dineros para invertir en diferentes negocios a través de una supuesta intermediación financiera legal.

Bajo ese presunto engaño, habría logrado que las víctimas entregaran sus dineros para las supuestas inversiones, las cuales no se dieron en la realidad. Así obtuvo, al parecer, un beneficio patrimonial, pues nunca reintegró los dineros a los ofendidos.

El perfil de víctimas -que al parecer seleccionaba el imputado- corresponde, en su mayoría, a personas extranjeras con alta capacidad adquisitiva y monetaria que desconocen el funcionamiento legal y financiero de Costa Rica.

En los allanamientos se logró recuperar prueba importante que será analizada en las próximas semanas, dice un comunicado de prensa de la Fiscalía