Deuda de $2 millones generó embargo de flotilla de canal 9

La diligencia judicial se realizó dentro de las instalaciones del canal en Santa Ana, donde se embargaron ocho vehículos de modelo reciente (entre estos una móvil de transmisión) y dos motocicletas.

Miguel Maklouf, director del grupo jurídico Maklouf, confirmó que la acción fue autorizada por el Juzgado Concursal del Primer Circuito Judicial de San José, luego de que el empresario mexicano Raimundo Alonso Sendino incumplió con el pago del fideicomiso de garantía a la familia Vargas, expropietaria de ese canal.

El abogado aseguró que Alonso fue notificado el miércoles anterior en su casa de habitación en Puebla, México, donde se le efectuó una prevención de pago de tres días, periodo que vence el próximo lunes.

El proceso se desarrolla tanto en México como en Costa Rica.

“Si en tres días no pagan la obligación, se va a declarar la quiebra. Esa venta fue financiada en parte con un depósito de garantía. Ellos incumplieron los pagos y quedó un saldo de más de $2,5 millones. Una vez que se terminó el proceso de arbitraje, se hicieron todas las gestiones para que paguen, pero han mostrado total desinterés para cancelar la deuda”, dijo Maklouf.

Aunque se intentó conocer la posición del bufete Facio y Cañas, contratado por la televisora, un guarda de seguridad indicó por teléfono que ayer no laboraron.

Raimundo Alonso es el dueño del grupo AsMedia, TV Azteca Oriente (Puebla) y el canal de televisión 12 en San Salvador.

Canal desmiente despidos. Ruby Lyn Silva Gómez, la gerente general de canal 9, indicó, mediante un correo electrónico, que pese a existir una controversia entre los dueños actuales de la frecuencia y los antiguos (Arnoldo Vargas e hijos), no habrá despido de personal.

“De ninguna manera. Nosotros continuamos con nuestras operaciones y planes de crecimiento. Canal 9 continúa con su transmisión y operación habitual, preparándonos para las transmisiones especiales de fin de año y plan estratégico 2014- 2024”, afirmó Silva.

Sobre el hecho de que se llevaran la flotilla del canal, la gerente manifestó que fue “producto de un error judicial ya corregido por la autoridad correspondiente”.

Sobre la cantidad de dinero que se adeuda a los antiguos dueños, Silva indicó que la contraparte reclama $2 millones, pero dijo que es un tema pendiente de decisión en los tribunales de justicia del país.