Un técnico judicial del Tribunal Penal de Puntarenas fue despedido luego de que el Consejo Superior del Poder Judicial lo hallara responsable de negociar la prueba de un caso de narcotráfico.
Se trata de un joven de apellidos Díaz Montero, de 28 años, quien, por esta misma situación, afronta una causa penal como sospechoso de colaborar con narcotraficantes para lograr su impunidad.
La decisión del Consejo Superior se dio con base en la resolución del Tribunal de la Inspección Judicial, el cual consideró la falta como gravísima y determinó que correspondía el despido.
Díaz apeló la medida pero, el 12 de diciembre del año pasado, el Consejo confirmó la sanción.
La revocatoria del nombramiento se hizo efectiva desde el 13 de diciembre.
Llamada. De acuerdo con la resolución del Consejo Superior, en la que se retoma la indagación hecha por la Inspección Judicial, entre el 5 de julio y el 22 de diciembre del 2011, Díaz sostuvo una conversación telefónica con un hombre de acento colombiano.
En esa plática, el funcionario habló sobre desaparecer un expediente de una causa penal seguida en Puntarenas contra dos personas por el delito de tráfico internacional de drogas.
La Inspección también señaló que, en la vía penal, se incorporó como prueba un video grabado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el que se observa a Díaz conversando con un reconocido narcotraficante.
Al conocer el caso, los miembros del Consejo consideraron que “actuaciones como las investigadas en este procedimiento se oponen rotundamente a los cánones éticos y morales que delinean el comportamiento pretendido de una persona servidora judicial, de quien se espera en todo momento una conducta íntegra, que no permita cuestionamiento alguno”.
Proceso. En la vía penal, Díaz todavía es investigado por la presunta colaboración con carteles de tráfico de drogas.
La Fiscalía lo vincula con una organización suramericana que se alió con policías para recibir, custodiar y trasladar cocaína aquí.
Por ese caso, 12 imputados fueron condenados y otros dos recibieron la absolutoria.
Según la acusación, en la llamada telefónica, el auxiliar judicial le dijo a un extranjero de apellido Rodríguez (quien había sido detenido en Panamá con un cargamento de droga) que podría “extraviar” prueba a cambio de un monto de dinero no especificado.
“En ese momento, usted le indicó al señor Rodríguez que debía ver la situación del expediente y verificar que no hubiera una copia certificada y que la única manera era desaparecer una parte o algo del expediente”, dice la acusación descrita en el proceso disciplinario.
Además, en el video presentado como prueba, se observa al funcionario hablando con Rodríguez en el paseo de los Turistas, en Puntarenas. Luego, este último le entrega dinero.
La defensa de Díaz ha alegado que él nunca desapareció prueba y que se dio una condena.
En ese caso fueron sentenciados en junio del 2012, siete policías, tres colombianos, un comerciante y un prestamista. Además, se absolvió a dos policías, a otro sujeto y a un extranjero.