Consejo Superior ratificó el fallo que dictó el Tribunal de Inspección Judicial

Por: Katherine Chaves R. 3 mayo, 2014

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Araya Juárez (26 años), fue despedido por conducir “en estado de ebriedad” un carro y atropellar a dos mujeres en febrero del 2012 en Guácimo, Limón.

Así lo dictó el Consejo Superior del Poder Judicial en el acta N 30-14 , de fecha 3 de abril del 2014.

Un año antes, el Tribunal de la Inspección Judicial (encargado de aplicar el régimen disciplinario en el Poder Judicial) conoció el caso y resolvió revocar el nombramiento de Araya.

Ante eso, la defensa del funcionario presentó un recurso de apelación ante el Consejo Superior y planteó la prescripción de la investigación disciplinaria.

El investigador laboraba en el OIJ desde el 2009. Se desempeñaba en la oficina de Siquirres. | ARCHIVO.
El investigador laboraba en el OIJ desde el 2009. Se desempeñaba en la oficina de Siquirres. | ARCHIVO.

En el proceso, la Comisión de Relaciones Laborales recomendó, el 6 de diciembre del 2013, modificar la sanción a dos meses de suspensión sin goce de salario.

Sin embargo, el Consejo ratificó la sanción al funcionario y ordenó el despido a partir del 4 de abril.

Por este mismo suceso, Araya enfrentaba también una causa en la Fiscalía Adjunta de Pococí y Guácimo, por el delito de lesiones culposas y conducción temeraria.

No obstante, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que el 10 de abril del 2013 se realizó una conciliación entre las partes, por lo que el Juzgado Penal Pococí dictó un sobreseimiento definitivo a favor de Araya.

Motivos. Los miembros del Consejo Superior dieron por cierto que “Araya, en estado de ebriedad y hablando por su teléfono celular, conducía el vehículo en Guácimo, Limón, en donde atropelló a las ofendidas (de apellidos Méndez y Quirós, quien andaba con su hijo de siete meses), mientras caminaban por el espaldón de la calle”.

Los funcionarios señalaron que el agente judicial “incurrió en una conducta tipificada como delito poniendo en peligro la vida de otras personas ”.

Además señalaron que las actuaciones de Araya contravinieron los valores y la ética del OIJ, y que afectaron la imagen de la institución.