4 febrero, 2016

En el país no hay una definición clara sobre la discriminación y faltan políticas para su prevención, eliminación y sanción.

Así lo consideró la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano, al ser consultada sobre este tipo de casos en ambientes laborales.

“La discriminación, sobre todo cuando es hecha por funcionarios públicos, adquiere una responsabilidad mayor, porque el Estado es responsable de todos los agentes del Estado; de ahí que es importante que en todas las instituciones haya mecanismos para prevenir y sancionar”, dijo Solano.

Añadió que la Defensoría y la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa trabajan en un proyecto de ley para crear políticas orientadas a combatir los diferentes tipos de discriminación.

Actualmente, el Código Penal establece una sanción de 20 a 60 días de multa a la persona, gerente de institución pública o privada, o administrador de un establecimiento comercial, que discrimine a una persona por sus consideraciones raciales, de sexo, edad, religión, estado civil, opinión pública, origen social o situación económica.

Con la reforma planteada por la Defensoría de los Habitantes, la sanción sobrepasaría los días multa ahora fijados.

“Las sanciones son importantes, pero es más importante que las instituciones se vean forzadas a crear campañas internas”, agregó la defensora.